El Ayuntamiento de Monforte del Cid respira aliviado tras evitar el pago de 11 millones de euros de indemnización en favor de Intersa Levante, la mercantil a la que se adjudicaron las obras de urbanización del paralizado polígono industrial Walaig. El Tribunal Supremo acaba de emitir su resolución respecto al recurso de casación presentado por la constructora, que actualmente está sujeta a una administración concursal al haber presentado suspensión de pagos. Este diario ha tenido acceso a la sentencia en la que el Supremo desestima todas las pretensiones de la mercantil, eximiendo incluso del pago de las costas judiciales al municipio. De hecho, ni siquiera admite a trámite el recurso, cerrando definitivamente cualquier vía de apelación.
El único pago que el Consistorio monfortino tendrá que efectuar son los 28.000 euros por el importe de los gastos de mantenimiento de un aval que faltaba por devolver. Nada que ver con los 11 millones que reclamaba la urbanizadora. Una cantidad que hubiese dejado a las arcas municipales en una situación crítica teniendo en cuenta que el presupuesto de este año alcanza los ocho millones de euros.
La alcaldesa de Monforte del Cid se mostraba ayer muy satisfecha tras conocer el fallo del alto tribunal de Madrid. «Los monfortinos hemos ganado una batalla importantísima pero hay que ser prudentes porque aún nos queda saber el fallo definitivo del pleito con el SEPES», advertía María Dolores Berenguer, de Izquierda Unida. Como este diario ya publicó en su día, hay pendientes tres sentencias acumuladas desde hace diez años en las que se condena al pueblo de Monforte a pagar 13 millones de euros a la empresa mixta de suelo estatal. «Ya hemos hecho todo lo jurídicamente posible para librar a Monforte de esos 13 millones que nos reclama el SEPES. Pero nada me gustaría más que cumplir con la sentencia que emane del tribunal, sea la que sea, y desbloquear definitivamente un polígono tan polémico como vital para el futuro económico de nuestro pueblo», subraya la alcaldesa.
Fue en marzo pasado cuando el Ayuntamiento ganó el recurso de apelación a la sentencia en primera instancia que le condenaba a pagar los 11 millones en favor de Intersa Levante. Como ya publicó este diario en diciembre de 2017, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Alicante impuso la obligación al municipio de asumir los gastos de la obra ejecutada, la redacción de los proyectos, el coste de los avales, la pérdida del beneficio industrial no cobrado y las costas judiciales del proceso.
Cabe recordar que el polígono Walaig tiene como propietario mayoritario a SEPES y en 2006 se licitó la condición de urbanizador por gestión indirecta, de cuyo concurso resultó adjudicataria Intersa Levante, que es la que llevó al Ayuntamiento a los tribunales. Tras tres sentencias anulando la tramitación del plan parcial por un defecto de forma en la publicación de la licitación y posterior adjudicación en el BOE, el entonces gobierno del PP rompió relaciones con el SEPES, llegando la exalcaldesa popular Antonia Cervera a no recibir a su directora general cuando visitó Monforte. A partir de ahí el sector quedó en un limbo jurídico en el cual ni la anterior Administración local actuó, ni el Estado colaboró para desatascar una situación caótica que sigue sin resolverse del todo.
