El debate plenario sobre la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Elda puso el foco ayer en una de las grietas del sistema tributario municipal. Por un lado, Elda es el municipio con el precio más bajo de la vivienda usada de los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Alicante mientras que cuenta con uno de los IBI más altos.
En esta brecha, tanto el concejal de Izquierda Unida Javier Rivera, como el grupo municipal de Ciudadanos, basaron su argumentario para abstenerse en la rebaja de un 3,7 por ciento aplicable a los recibos del IBI para 2020 propuesta por el equipo socialista. A lo largo de la sesión plenaria, prácticamente todos los grupos menos Vox, que no entró en el debate y por lo tanto no se escuchó su opinión, aludieron a la necesidad de poner coto de alguna manera a esta situación.
Por un lado, Elda se encuentra en la tercera posición de los municipios de toda España en los que los precios del alquiler son más baratos - solo están por encima Almendralejo (Albacete) y Carballo (Córdoba). Además lidera el ranking en el precio medio más bajo de la vivienda usada entre los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia. El concejal de Ciudadanos Francisco Sánchez aseguró, mostrando documentación, que «con 507 euros metro cuadrado de media, es el porcentaje más bajo de la comarca y uno de los más bajos de la provincia».
El edil añadió que «se antoja difícil explicar a los ciudadanos que el valor de su vivienda es de los más bajos; que las alquilan cuando pueden, a precios más bajos que en cualquier otro municipio y que además, pagan el IBI más alto de la provincia».
Los concejales tuvieron que echar la vista atrás para delimitar de dónde parte esta descompensación entre el IBI y el precio de la vivienda y, aunque afearon a los socialistas que no arriesguen con un tipo impositivo más bajo, los grupos municipales, todos menos el PP, echaron mano de la hemeroteca para afirmar que gran parte del problema procede del «catastrazo», la revisión catastral que el gobierno de Adela Pedrosa aprobó en 2012.
En este sentido, Rivera, apuntó que «se agravó con un catastrazo, en pleno pico de la burbuja inmobiliaria, que hace que muchas viviendas tengan un valor catastral desajustado con la realidad, convirtiendo este impuesto en más injusto e insolidario».
A pesar de que la oposición consideró insuficiente la rebaja de un 3,7 por ciento, el Pleno aprobó la bajada con los votos a favor del equipo de gobierno socialista y del concejal de Vox. Se abstuvieron PP, Ciudadanos e Izquierda Unida.
La propuesta del gobierno local salió adelante después de un intenso debate con un tono menos bronco al que se está acostumbrado las sesiones plenarias en las que se aborda esta materia y en la que se comprometieron a crear una comisión para estudiar hasta qué punto se puede reducir.
