Cinco trabajadores del centro especial de empleo de la Asociación de Minusválidos Intercomarcal (AMFI) deberán abandonar su puesto de trabajo para acatar una sentencia del Tribunal Supremo en la que se dictamina que una incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, no equivale automáticamente a la condición de discapacidad en su grado mínimo (es decir del 33%). Ante esta situación, el presidente de la asociación, Andrés Molina, se muestra «indignado». Es la palabra que utiliza para defender a estos trabajadores a los que no se les ha podido renovar su contrato.
Estos cinco eldenses tienen una incapacidad laboral reconocida que le impide desempeñar su puesto de trabajo. Como hace apenas un año esta categoría se asemejaba a un grado de discapacidad podían formar parte del centro especial, que emplea a más de 35 personas con problemas de movilidad. Ahora tras la sentencia del Supremo se ha anulado esta posibilidad.
La trabajadora social de la asociación, Ana Amat, explica que «toda persona que esté contratada después de esta sentencia ha perdido esta condición y por lo tanto no puede seguir con nosotros ni en otro centro especial de empleo». Ante esta situación desde AMFI se reivindica que se les otorgue el certificado de discapacidad pero no como hasta ahora que sólo se igualaba en el apartado laboral. Amat insiste en que «es un problema que afecta a los centros de toda España».
Tras tener conocimiento de la sentencia, los trabajadores han pasado por el centro de valoración y orientación de discapacidades y con los informes en la mano, los técnicos han determinado que su incapacidad laboral está por debajo del 33 por ciento. No se lo pueden creer. Después de meses buscando trabajo, de lograr un puesto que se ajusta a sus capacidades y a pesar de que desde la dirección de AMFI estarían encantados de que conservaran su salario, la decisión del Supremo se lo impide.
Manuel Gordillo (41 años) está desesperado. No sabe qué hacer para encontrar un puesto de trabajo y no da crédito a que desde el centro de valoración, y sólo haciendo caso a que sufrió una operación en la columna, se estime que su incapacidad es del 12 por ciento. De nada ha servido el amplio dossier de documentación médica con escritos de la Unidad del Dolor del Hospital de Elda o de su neurólogo donde especifica que cualquier esfuerzo le supone una inflamación de su columna. Reconoce que no sabe a qué se debe esa sentencia pero lo cierto es que ha perdido un puesto de trabajo que complementaba su pensión y que al mismo tiempo, le daba una mejor vida a él y a su hija. Ahora se queda en el paro y a ello suma, que ya no tiene la incapacidad suficiente para aceptar un trabajo en el servicio de mantenimiento que le habían ofrecido por ser discapacitado.
«Qué quieren que hagamos yo sólo quiero un puesto de trabajo, no tengo estudios y sólo puedo hacer trabajos de oficina. Con AMFI atendía el aparcamiento el fin de semana y estaba contento. Cuando me llamaron se encendió la luz y ahora no sé qué hacer, ya no puedo ocupar ningún puesto en un centro especial de empleo» relata con rabia y enojo.
Los trabajadores que tienen una incapacidad laboral, cobran en 55 por ciento del suelo que percibían cuando trabajaban. Así que las pensiones pueden ser de unos 450 euros, lo que les deja en una situación bastante precaria, si no lo complementan con otro salario.
Es el caso de Luis Sánchez (49 años), padre de dos hijos. A su casa sólo entra el dinero de su pensión de incapacidad y el salario de su mujer que trabaja a media jornada por lo que en muchas ocasiones acuden a la ayuda de su suegra para llegar a fin de mes. Tras un lustro luchando por conseguir su incapacidad y después de dejar de trabajar en el empresa de mudanzas en la que llevaba años, llegó el trabajo en AMFI. Dio algo de luz a la economía familiar y además, le repercutió a la hora de subirle la moral después de años sin un puesto de trabajo. Ahora esa opción ha desaparecido. Vuelve al punto de partida pero más desmoralizado.
Molina: «El centro de valoración no sirve para nada»
El presidente de AMFI, Andrés Molina, no solo se ha mostrado indignado con la situación en que han quedado cinco de los trabajadores del centro especial de empleo. También ha mostrado su disconformidad con el sistema del centro de valoración y orientación de discapacidades. «El centro de valoración no está sirviendo para nada», zanja. «Allí dicen una columna, doce puntos; un dedo, cinco puntos... sin analizar el estado de la persona», argumenta.
