Dos años después de la demolición urgente de un edificio de Elda que amenazaba con derrumbarse, los recuerdos de cinco familias permanecen sepultados bajo los escombros mientras los vecinos exigen la limpieza del solar donde se encuentran. Enseres, muebles, ladrillos, fotografías, ferralla, documentos, ropa, juguetes, electrodomésticos y otros muchos residuos continúan amontonados en el insalubre solar a la espera de ser retirados. Además, con el asfixiante calor del verano el mal olor se hace insoportable y las ratas encuentran entre los bloques un buen nido. Así que los residentes de la zona reclaman a los responsables municipales que solucionen ya el problema. Llevan dos años así y no quieren pasarse otros dos años igual.
Como ya publicó este diario, las cinco familias que residían en el bloque de pisos sito en los números 37 y 39 de la calle San Miguel tuvieron que salir corriendo con lo puesto en el verano de 2017. El repentino hundimiento del suelo tras un atronador crujido les puso en alerta de que el edificio se venía abajo. Un pilar se quebró y el forjado del primer piso cedió de forma brusca. Podría haber sido una tragedia pero no hubo que lamentar daños personales. Sin embargo los afectados fueron desalojados en la misma noche ante el riesgo de derrumbe inminente.
Tres semanas después el Ayuntamiento comenzó a demoler el edificio del Altico de San Miguel sin permitir a los moradores retirar sus pertenencias del interior de los hogares por el riesgo que suponía para sus vidas. Ni siquiera los dejaron entrar acompañados por los bomberos.
La Policía Local, siguiendo las instrucciones de los técnicos municipales que inspeccionaron el edificio colocaron vallas en la calle para evitar el tránsito de personas y cadenas en las dos puertas para impedir el acceso de las cinco familias. La estructura podía colapsar en cualquier momento y todas sus cosas se quedaron dentro. Documentos, ordenadores, móviles, fotos, ropa, libros y las pocas joyas y dinero que tenían.
El riesgo de derrumbe era tan elevado que ni siquiera una empresa especializada se atrevió a apuntalar el edificio, lo que aceleró el expediente municipal de declaración de ruina. Las tareas de demolición se realizaron a instancias del propio Ayuntamiento ante la dificultad para localizar al responsable del inmueble con el fin de que se asumiera el coste de los trabajos. El edificio era muy antiguo, la propiedad indeterminada y la mayor parte de los residentes -entre los que al parecer también había okupas- vivían en régimen de alquiler y eran insolventes. Todo ello ha retrasado los trámites municipales para gravar sobre los legítimos dueños el coste de los trabajos de retirada de los escombros, limpieza del solar y demolición de la parte del bloque que se mantiene en pie, aunque con el acceso prohibido. Pero los vecinos de la zona han perdido la paciencia y quieren que el Ayuntamiento actúe sin más demora.
