El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Elda ha absuelto al concejal de Petrer Ramón Poveda del delito leve de amenazas que interpuso contra él un agente de la Policía Local. El Ministerio Fiscal estimó su absolución «por falta de pruebas, ante la existencia de versiones contradictorias».
Los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando una patrulla de la Policía Local dio el alto en un control rutinario al edil socialista y al concejal de Esquerra Unida, Rafael Masià, que circulaban en el mismo vehículo después de asistir a un acto cultural. Los agentes detuvieron el automóvil porque, al parecer, carecía de seguro.
Cuatro meses después, «uno de los agentes policiales decidió interponer una denuncia contra mí en el juzgado por presuntamente haberle amenazado, nada más lejos de la realidad, sin que en ese momento dejara constancia absolutamente de nada en el parte policial», recordó Poveda. Según indica el edil, todo obedece «a una campaña de hostigamiento con el claro objetivo de desestabilizar al equipo de Gobierno, cerca de las elecciones municipales, para que cediéramos a sus presiones para una mejora sustancial en sus condiciones salariales».
La presiones a las que se refiere el concejal son las provocadas por la exigencia por parte de los sindicatos policiales de la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Valoración de Puestos de Trabajo.
Poveda ha celebrado la decisión del juez de su absolución, indicando que « he tenido la conciencia tranquila y lamento que una parte de la Policía Local, junto con sus representantes sindicales, hayan llevado sus reivindicaciones a estos extremos».
Tras insistir en que la denuncia es una «vendeta», el edil de Petrer ha tendido una mano al diálogo. Sin embargo argumenta en que «en ningún caso cederemos a este tipo de presiones que, incluso, han afectado a nuestras vidas particulares».
Por su parte, el abogado del concejal, Rafael Sempere, explicó que «según dicha denuncia, en aquel momento Poveda había amenazado, injuriado y faltado al respeto gravemente al agente de la autoridad que detuvo el vehículo». No obstante, la juez que ha dictado la resolución ha concluido que, si bien es cierto que hubo una discusión algo subida de tono entre denunciante y denunciado, en ningún momento ha resultado acreditado que el concejal amenazara al agente o cometiera un delito de falta de respeto a la autoridad; ni siquiera una desobediencia grave.
El abogado añade que «tal y como se desarrolló el juicio y a la vista de la documentación aportada en él, todo parece apuntar a que la denuncia tuvo otras motivaciones más bien políticas, con el objeto de deteriorar la imagen Poveda -concejal del que dependía la Policía Local- en vísperas de las elecciones municipales, como se desprende del fallo de la sentencia favorable al concejal».
