n Cinco meses después de que este diario publicara la presencia de un vertido ilegal de doscientos neumáticos fuera de uso en una partida rural de Villena todo sigue igual. Ciclistas y senderistas que suelen realizar sus rutas por el paraje de El Carrizal fueron los primeros en alertar, durante el pasado mes de enero, de este foco de contaminación.

Cabe puntualizar que se trata de unos residuos no biodegradables que causan impacto visual cuando se abandonan en el entorno rural o natural. Además, en caso de ser quemados emiten gases tóxicos y partículas nocivas. Por eso la ley prohíbe su abandono y obliga a que sean entregados a un gestor autorizado para que reciban el tratamiento adecuado y su materia prima pueda ser reutilizada para el recauchutado y el uso en firmes de carreteras.

El incumplimiento supone una infracción administrativa del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre. En caso de ser identificado al infractor, el importe de la sanción al que se enfrenta superará varios miles de euros si se considera una infracción grave.

Pues bien, tan pronto como el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tuvo conocimiento del hecho abrió una investigación. Los agentes trataron de averiguar la autoría y procedencia de los doscientos neumáticos usados que fueron arrojados junto a una finca de cultivo a la que se accede por un camino de tierra.

El vertido se realizó en diciembre, durante las semanas previas a las fiestas navideñas, y todo apunta a que el material se trasladó a la zona en un camión. Tras recabar los datos precisos los agentes solicitaron al Ayuntamiento de Villena la retirada de todos los neumáticos fuera de uso a un centro autorizado para su tratamiento. Sin embargo han pasado cinco meses y el vertido permanece en el mismo lugar.

Este tipo de prácticas contaminantes se repiten, por desgracia, con relativa frecuencia. Cuando el dueño de un vehículo cambia los neumáticos en un taller el mecánico tiene que aceptar las ruedas viejas y entregárselas a un gestor autorizado por la Administración competente. A cambio tanto el consumidor como el profesional pagan por cada neumático una pequeña cantidad de dinero para cubrir los gastos derivados del posterior proceso de reciclaje.