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Elda

El TSJ admite a trámite la petición para evitar demoler las 107 viviendas de La Jaud

Los afectados aluden a la caducidad de la orden pero también piden al tribunal que se pronuncie sobre la imposibilidad de ejecutarla

La zona de La Jaud de Elda lleva más de veinte años envuelta en un complejo litigo urbanístico. áxel álvarez

El conflicto urbanístico y jurídico de La Jaud de Elda ofrece estos días un nuevo episodio tras más de 20 años de denuncias, recursos y trámites administrativos que mantiene en vilo a los propietarios de las 107 viviendas de la zona sobre las que pesaba una orden de demolición.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha admitido ahora a trámite el escrito de 22 de febrero de 2019, presentado por algunos propietarios afectados por la orden de demolición, en el que se pide al alto tribunal que declare la caducidad y prescripción de la acción de ejecución de la sentencia número 1062/1999 y que, al mismo tiempo, se ordene el archivo de la causa.

En la nueva resolución judicial se ha dado a las partes el plazo de cinco días para alegaciones. Al presentarse éstas el alto tribunal tendrá que decidir si hay prescripción o, subsidiariamente, causas de inejecución de la sentencia.

Los propietarios afectados han comunicado al TSJ los antecedentes y razones por las que consideran que, al haber transcurrido ya el plazo legal de 15 años de prescripción de la acción de los propietarios demandantes, ya no puede ejecutarse la demolición, exponiendo en tal sentido que: «a fecha de hoy la parte beneficiada por la sentencia número 1062/1999, de 25 de noviembre de 1999, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, que adquirió firmeza con la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2003, no ha ejercitado la posibilidad de interponer demanda ejecutiva de sentencia». Y ello a pesar de haber transcurrido más de 15 años desde el inicio del cómputo para la prescripción.

Archivo de las actuaciones

Por lo tanto, ante esta situación, los magistrados deberán acordar si efectivamente se ha producido la caducidad y ha prescrito la acción ejecutoria de la sentencia para la parte actora del recurso «y, en consecuencia, ha decaído cualquier derecho directo o indirecto que le pudiera corresponder derivado del fallo».

Los propietarios afectados han recordado a este diario que las nuevas circunstancias se han producido, precisamente, a raíz de que la concejalía de Urbanismo de Elda iniciase el procedimiento de inejecución de la sentencia ante el TSJ. Una postura que el Ayuntamiento adoptó después de acordar la aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior (PRI) de La Jaud el pasado 28 de marzo de 2018, así como la tramitación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución Número 1 del PRI por el sistema de gestión directa. Una tramitación que, tras la obligada fase de información pública, fue aprobado por el pleno municipal en la sesión celebrada el 25 de octubre de 2018. Todo ello dio lugar a que la Junta de Gobierno Local de Elda acordara la legalización de las obras de edificación en el pleno del 17 de diciembre de 2018.

Todas estas actuaciones municipales han sido ratificadas por los propietarios afectados ante el Tribunal Superior de Justicia y en su escrito, al que ha tenido acceso este diario, plantean una petición subsidiaria a la caducidad para que, en cualquier caso, «se declare la imposibilidad de ejecución de la citada sentencia por concurrir la causa de imposibilidad legal, con el archivo de las actuaciones».

Las familias afectadas por este largo y farragoso proceso judicial confían en que todas estas justificaciones les permitan, «de una vez por todas», obtener una resolución judicial favorable a sus intereses. Quieren evitar a toda costa la posibilidad de perder sus viviendas después de un «mal trago» que lleva prolongándose más de 20 años. Demasiado tiempo.

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