El concejal de Personal y Hacienda de Petrer, Ramón Poveda, y número seis en la lista socialista en la candidatura de Irene Navarro, está llamado a declarar en el juzgado de Elda, el próximo 16 de Mayo, en calidad de denunciado, por unos hechos que se remontan a noviembre de 2018, cuando el edil, junto al de Izquierda Unida, Rafael Masià, circulaban en un vehículo de camino a un evento y fue parado por agentes de la Policia Local a los que, según la denuncia, amenazó.

Al conocer la citación del tribunal, el edil socialista Ramón Poveda ha lamentado lo que a su juicio es una «campaña de hostigamiento» por una parte de la Policía Local de Petrer, que ha derivado en una denuncia ante el juzgado por unas supuestas e «infundadas», añade el edil, amenazas.

Sin embargo desde los sindicatos que componen la plataforma - SEP, SPPLB y Sipol - indican que nada más lejos de la realidad que la denuncia de su compañero se deba a una maniobra sindical. Aseguran que «uno de los problemas del concejal es que todo lo personaliza». Asimismo añaden que «no nos extrañó para nada la actitud que demostró Poveda cuando le dieron el alto al coche porque, cuando asistimos a reuniones de negociación, sus formas y calificativos no son los más correctos con los trabajadores».

Además los sindicatos cuestionan qué va a hacer ahora la alcaldesa, Irene Navarro, «cuando en el código ético de su partido se indica que una persona procesada tiene que dimitir».

Hechos

Los hechos que han originado el auto del juzgado sucedieron hace cinco meses. Agentes de la Policía Local dieron el alto al vehículo en el que viaja Ramón Poveda porque al parecer carecía de seguro, tras lo cual se produjo una situación tensa que al parecer derivó en una conducta y en una reacción «fuera de tono» por parte del concejal, que «parecía alterado por el conflicto que el Ayuntamiento mantiene con el cuerpo de seguridad ciudadana», según se denunció ante el Juzgado de Guardia de Elda, causa por la que se cita al concejal a los juzgados por unos presuntos delitos leves de amenazas.

En su descargo, el edil de Personal relata que «nos tuvieron 45 minutos con las luces del vehículo policial encendidas como si fuéramos delincuentes». Además, Poveda se ha mostrado sorprendido de que «cuatro meses después del incidente uno de los agentes policiales decidió interponer una denuncia contra mí en el juzgado por presuntamente haberle amenazado, nada más lejos de la realidad, sin que en ese momento dejara constancia de nada en el parte policial». El conflicto al que se refiere el concejal es el de la exigencia por parte de los sindicatos policiales de la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Valoración de Puestos de Trabajo.

Según palabras de Poveda, «una parte de la Policía Local pretende aumentar sus sueldos anualmente en torno a 3.000 euros, cuando en la actualidad sus salarios ya están por encima de la media de las policías locales de la provincia». Ya ha adelantado que no cederá ante las presiones de la policía. Sin embargo desde los sindicatos se comenta que los datos que maneja Poveda «son erróneos». Afirman que su salario se encuentra en la media de la provincia.