El equipo de gobierno de Aspe informó a la Guardia Civil durante la anterior legislatura sobre el trato que el intendente jefe de la Policía Local de Aspe daba a su compañera sentimental, una mujer de origen magrebí y unos 40 años de edad que el pasado jueves denunció a Francisco Eulogio Serna, de 60 años, por un supuesto delito de violencia de género.
Como ya informó este diario, el juez dejó lo dejó en libertad provisional pero investigado en una causa abierta por un supuesto delito contra la libertad sexual. Un cambio de calificación jurídica después de que la denunciante asegurase de que mantuvo relaciones sexuales no consentidas con su esposo por miedo a que la echara a la calle. Extremo que él negó rotundamente en su declaración ante el juez si bien tiene prohibido portar armas y comunicarse por cualquier medio o acercarse a su mujer a menos de 300 metros. Una orden de alejamiento que también se le aplica a ella al haber quedado en situación de investigada por un delito leve de amenazas contra él.
A la izquierda el intendente jefe de la Policía de Aspe junto a su abogado tras salir del juzgado
Este diario ha podido averiguar, por fuentes municipales, que hace seis años varios miembros del ejecutivo aspense que formaban PSOE y EU alertaron a la Guardia Civil sobre la actitud del mando policial en el ámbito doméstico. Una información que los concejales recibieron, a su vez, de personas próximas a la pareja que habían detectado «cosas extrañas» en el comportamiento de él sobre ella. Así, la presunta víctima ha manifestado que desde que iniciaron la relación su compañero siempre le había impedido tener contacto con sus familiares y amigos, además de controlar su forma de vestir, no dejarle relacionarse con nadie y borrarle los contactos del móvil. Acusaciones que Serna también negó ante el juez.
Los hechos advertidos -que no denunciados- por parte del equipo de gobierno anterior fueron investigados y, al parecer, una patrulla llegó a personarse en el domicilio de la pareja. Sin embargo los agentes no apreciaron ninguna situación de riesgo para la mujer. Además, no había ninguna denuncia por violencia de género.
La alcaldesa de Aspe, la socialista María José Villa, decidió en la noche del viernes suspender al responsable de la Policía Local en todas sus funciones. «La retirada cautelar del arma reglamentaria que se ha decretado en el auto de medidas de protección de la víctima me ha llevado a tomar esta medida, que se mantendrá hasta que haya sentencia firme o cambie la situación jurídica en la que se encuentra actualmente el funcionario», señaló al finalizar la junta de portavoces convocada de forma urgente. Sin embargo el intendente jefe presentó en la mañana de ayer por el registro municipal la baja psicológica tras acudir al médico a primera hora. Un trámite que ha formalizado antes de que se le pudiera notificar la suspensión de empleo.
Una relación convulsa con los agentes lastrada por expedientes disciplinarios y bajas psicológicas
Los representantes sindicales culpan al intendente del clima de hostilidad instaurado en la plantilla desde hace 30 años
El enfrentamiento y la polémica han protagonizado la relación que el intendente jefe ha mantenido con la mayor parte de los agentes durante los 30 años que viene ejerciendo el mando.
El clima de hostilidad con los responsables sindicales y con algunos de sus hombres ha sido una constante que se ha traducido en expedientes, a modo de castigo, y bajas por enfermedad que, en muchas ocasiones, responden a problemas de componente emocional y psicológico. El absentismo, motivado en gran parte por el mal ambiente, llegó a establecer la cifra récord de 21 bajas de 36 efectivos incluyendo a los mandos. Un dato que en la actualidad se ha reducido a 12 bajas de 27 efectivos.
Los delegados siempre han considerado al jefe responsable de la situación por su empeño en instaurar «una gestión basada en el sometimiento total de la plantilla a su voluntad». Algo que incluso ha quedado reflejado en las propuestas que el propio mando ha enviado a los responsables políticos, al insistir en la necesidad de que la plantilla se sometiera a su «superior criterio o criterio subjetivo de jefatura», de modo que se condicionarían los servicios o resoluciones a lo que él pensara u opinara de un determinado funcionario. «Por contra ha pretendido premiar a quienes se sometieran a su voluntad sin pretexto alguno», indican los representantes sindicales poniendo como ejemplo: «la denegación a funcionarios de turnos que les permitieran atender a sus hijos porque no han estado disponibles al estar fuera de servicio en el preciso momento que se les ha buscado; el menosprecio y el ataque psicológico a funcionarias dudando de su capacidad y a funcionarios cuestionando su profesionalidad; la negativa a dar permisos a policías con familiares de primer grado afectados por enfermedades de gravedad y la manipulación de días de servicio para restringir permisos como el de defunción para que un agente se incorpore antes». Pero la lista es más amplia.
