Los españoles celebramos hoy el 40 aniversario de la Constitución, el texto que durante estas cuatro décadas nos ha garantizado que disfrutemos del periodo de mayor libertad e igualdad en nuestro país. No ha sido un recorrido sencillo porque España, después de 40 años de dictadura, ha vivido momentos complicados que nuestra Carta Magna nos ha ayudado a superar.
El paso del tiempo, en ocasiones, puede hacernos olvidar la importancia que la Constitución tiene en la pervivencia de nuestro sistema democrático. En su articulado se recogen todos los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos de un país que supo dotarse de las herramientas necesarias para garantizar los primeros y hacer cumplir los segundos.
Los representantes públicos y los responsables de las instituciones tenemos la obligación de recurrir a estas herramientas para que los ciudadanos, sin distinción de ningún tipo, tengan cubiertas sus necesidades básicas y tengan garantizados derechos fundamentales como una sanidad pública y universal, una vivienda y un trabajo dignos y una educación integral y gratuita.
Los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a las personas, deben ser los primeros en contribuir a que esos derechos fundamentales a los que antes me refería, como la educación o la vivienda, estén garantizados. Sin embargo, para conseguirlo, las Administraciones Locales precisamos del suficiente respaldo financiero del Estado.
Después de 40 años, los ayuntamientos reclamamos más protagonismo en nuestra Constitución y también más recursos. Las mejoras globales sólo son objetivos alcanzables actuando a nivel local y es ahí donde los consistorios jugamos un papel fundamental para garantizar esas necesidades básicas, pero para conseguirlo debemos contar con las herramientas necesarias.
Celebramos hoy, 6 de diciembre, ese 40 aniversario, pero deberíamos celebrar cada uno de los días que cumple nuestra Carta Magna y estar alerta ante movimientos emergentes que tratan de destruirla. El auge de la extrema derecha, constatado en toda Europa y materializado en las recientes elecciones andaluzas, es la peor noticia para la conservación del marco de convivencia democrático que los españoles hemos ido construyendo. También es muy mala noticia para el futuro de la Unión Europea, cuya destrucción es uno de los objetivos de estas formaciones neofascistas.
Debemos recordar que la fortaleza de un país moderno y de una sociedad democratica se mide, entre otras cosas, por la garantía de los derechos fundamentales, por la integridad de sus representantes y por la solidez de sus instituciones democráticas.
