Un jurado popular absolvió ayer al exinterventor de Monóvar acusado de pedir un soborno a cambio de prorrogar el contrato de un adjudicación municipal. Los miembros del tribunal popular no han considerado probados los hechos al valorar que el funcionario no tenía capacidad para resolver nada acerca de la contrata, tal y como declararon tanto el exalcalde Salvador Poveda, como la secretaria de la corporación. Los miembros del jurado han considerado probado que en la grabación en la que el exinterventor aparece pidiendo dinero al empresario que denunció los hechos, en realidad, éste le reclama en nombre del Ayuntamiento una compensación por servicios no prestados en la contrata y no se trataba de sobornos.
El funcionario, que está defendido por el abogado Ricardo Martínez, aseguró al término de la vista que estaba muy contento con su absolución «porque he sufrido una pena de banquillo de siete años. Esta resolución va a tapar muchas bocas». En este línea, aseguró que todo lo había hecho para mejorar la prestación del servicio de limpieza en el término municipal.
La Fiscalía no contempla recurrir la decisión del jurado, mientras que la acusación particular estudiará la sentencia, según informaron fuentes próximas al caso tras la vista de ayer en la que se leyó la resolución. El exinterventor estuvo visiblemente emocionado al escuchar el veredicto y agradeció a los miembros del jurado su absolución. La Fiscalía le reclamaba una pena de tres años de cárcel por un delito de cohecho.
La mercantil Sapena SL era la adjudicataria desde el año 2008 del servicio de mantenimiento de plazas, parques y jardines del Ayuntamiento de Monóvar. A finales de 2010, la corporación comunicó a la mercantil que iba a finalizar la concesión si bien se dejaba la puerta abierta a una prórroga de un año en el contrato. La ampliación se aprobó en abril de 2011. En sus razonamientos, el jurado explicó que, de hecho, el interventor no tuvo participación alguna en la decisión para prorrogar durante un año la contrata a esta empresa.
Las acusaciones sostenían que a las dos semanas de esta prorroga, el acusado citó en su despacho al empresario para reclamarle el pago de 50.000 euros a cambio de quedarse con el contrato. Cifra que posteriormente se rebajó a 25.000 euros. El empresario denunció que perdió la adjudicación tras negarse a pagar El jurado ha concluido que ese dinero era solicitado a cambio de mejoras en el servicio y que el acusado no tenía ninguna capacidad de decisión en la contrata, sino que ésta era competencia de la junta de gobierno.
El juicio se celebra desde el lunes pasado en la Audiencia de Alicante. En próximos días, la magistrada María Dolores Ojeda que ha presidido el tribunal del jurado dictará la sentencia con la absolución.
