Las familias de las 118 viviendas del área de La Jaud de Elda sobre las que pesa una sentencia de demolición pueden respirar tranquilas. El consistorio ha aprobado, en la sesión plenaria de esta mañana, el Programa de Actuación Integrada (PAI), el último trámite antes de iniciar el procesos administrativo para legalizar los inmuebles y más tarde presentar la documentación al Tribunal Superior de Justicia.
Todos los grupos municipales, salvo IU y Sí se puede Elda, han aprobado el documento, que ha estado durante 45 días a exposición pública. Es el fin de un contencioso enquistado durante décadas entre vecinos y Ayuntamiento. Una vez el departamento de Urbanismo de Elda finalice el trabajo sólo restará enviar la documentación al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que emitió una sentencia de demolición de las viviendas.
El pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comunicó a las tres partes del conflicto urbanístico de La Jaud -Ayuntamiento, demandantes y afectados-, que tenían un plazo de seis meses para encontrar la «solución definitiva» a un litigio que amenaza con la demolición de 118 bungalows adosados, ubicados cerca del colegio Sagrada Familia. El periodo de gracia finaliza en diciembre de 2018.
La superficie a la que afecta la actuación son unos 35.000 metros cuadrados y en su ámbito se incluye la gestión del equipamiento educativo privado perteneciente al colegio Sagrada Familia. Al igual que las promociones de viviendas adosadas afectadas por la sentencia, también tiene las obras de urbanización ejecutadas.
Comisaria Policía Nacional y ludopatía
En la sesión plenaria, que se celebró por la mañana, también se abordaron dos mociones, una de ellas presentada por Ciudadanos, en la que planteaba la posibilidad de construir otro edificio para albergar la comisaria de la Policía Nacional, debido a lo constreñido y a lo anticado de sus actuales instalaciones. A pesar de las reticiencias sobre alguno de los puntos de la propuesta del grupo naranja, los grupos municipales aprobaron por unanimidad la moción.
Sin embargo, se enzarzaron en una polémica sobre la idoneidad de poner limites a la instalación de las casas de apuestas en la ciudad, sobretodo cerca de edificios educativos. El debate, entre el portavoz de Ciudadanos, Paco Sánchez y el de IU, Iñaki Pérez, se ciñó a la idoneidad o no de instar al Gobierno de la Nación y de la Generalitat sobre endurecer las medidas sobre las sala de apuestas y juegos de azar y frenar así el aumento de ludopatas.
