Los accesos a las dos cárceles de la provincia se encuentran bloqueados desde las siete de la mañana de este miércoles. Tanto en el centro penitenciario alicantino de Fontcalent como en el de Villena se ha concentrado un centenar de funcionarios en el primer día de huelga reivindicativa por la mejora de sus condiciones laborales.
Ninguna de las conducciones ni traslados de presos que estaban programados para esta mañana se han podido llevar a cabo por la presencia del piquete informativo. No obstante, no se ha producido ningún incidente ni tampoco han intervenido los antidisturbios de la Guardia Civil para desbloquear los accesos en ambas cárceles. En Villena los funcionarios han quemado neumáticos junto a la barrera de la prisión y han desplegado una pancarta con el lema: "!!No más agresiones a trabajadores de prisiones¡¡".
El paro ha sido convocado por los sindicatos UGT, ACAIP, CCOO, CSIF y CIG, como organizaciones mayoritarias en los establecimientos penitenciarios de Alicante (Psiquiátrico penitenciario, Alicante Cumplimiento y Alicante 2) con el fin de instar al Gobierno al desbloqueo del conflicto laboral, que desde hace más de un año, mantienen con la Administración Penitenciaria. Exigen abordar una negociación real, tras la propuesta presentada por la administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre y que fue retirada, tan solo tres día después, bajo el argumento de restricción presupuestaria y que suponía un incremento retributivo de 123 millones euros a los largo del periodo 2019-2021.
Seis días de huelga
En el comunicado conjunto que han firmado los sindicatos se dice textualmente:
"Los trabajadores y trabajadoras de prisiones nos encontramos absolutamente indignados; entendemos que desde la administración se ha faltado al respeto a los empleados y empleadas de las prisiones y es por ello que hemos convocado una serie de medidas de presión que han dado comienzo hoy con el primero de los seis días de huelga en los centros penitenciarios de la provincia, así como en el conjunto de centros dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, y que se extenderán a lo largo de los meses de octubre (24 y 26) y noviembre (6,8,13 y 15).
Igualmente consideramos que el dialogo que iniciamos con el actual partido en el gobierno así como los actuales socios en la aprobación del presupuesto mientras estaban en la oposición y que les movió a presentar una enmienda a los anteriores presupuestos generales ha quedado truncado. El Gobierno debe volver a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros y adecuar el salario de los empleados y empleadas de prisiones a las reales cargas de trabajo. Reconociendo de la misma forma que sin personal suficiente la administración penitenciaria no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción que la legislación le encomienda".
"Los últimos"
Los responsables sindicales de UGT, ACAIP, CCOO, CSIF y CIG también han denunciado los "abusivos servicios mínimos" que deben soportar como funcionarios públicos que les impiden un desarrollo normalizado de un derecho legítimo como lo es el derecho de huelga. "No es comprensible que en un día de huelga entren a trabajar más funcionarios en el interior de los establecimientos que cualquier día del año. Lamentablemente para la Administración Penitenciaria, en sintonía con el Ministerio del Interior, los empleados públicos penitenciarios somos los últimos dentro de una Institución que no reconoce nuestra profesionalidad con hechos que afectan a la Seguridad del Estado". Se refieren a lo ocurrido en fechas recientes con la detención del llamado «frente carcelario» de Daesh, que fue desmantelado por las Fuerzas de Seguridad del Estado gracias a los datos aportados por funcionarios de Prisiones durante muchos meses de trabajo. "Si somos un referente en la lucha contra el yihadismo también debemos ser referente a la hora de nuestro reconocimiento público", subrayan las centrales sindicales.
