El juicio al exinterventor de Monóvar acusado de pedir un soborno entrará hoy en su recta final con la deliberación del jurado popular que, desde el lunes, está enjuiciando estos hechos. Ayer la Fiscalía en su informe final mantuvo la acusación por cohecho al funcionario, al considerar acreditados los hechos. La principal prueba es la grabación aportada por el empresario denunciante que recoge una conversación en la que el acusado le dice que le ampliarán la contrata a cambio de 50.000 euros.
Ayer en la Audiencia Provincial declararon los testigos, entre los que se encuentra el exalcalde de Monóvar, Salvador Poveda, que aseguró desconocer las actividades del funcionario y que no supo nada de los hechos hasta que se presentó la denuncia.
La mercantil Sapesa SL era la adjudicataria desde el año 2008 del contrato del servicio de mantenimiento de plazas, parques y jardines del Ayuntamiento de Monóvar. A finales del año 2010, el Ayuntamiento comunicó a la mercantil que iba a finalizar la concesión, si bien se dejaba la puerta abierta a la posibilidad de una prórroga. La mercantil aceptó la prórroga y el 9 de febrero de 2011 el contrato se amplió un año.
Según la Fiscalía, a los diez o quince días de esta prórroga, el acusado citó en su despacho al administrador de la empresa concesionaria. En dichas reuniones, el procesado le habría condicionado el futuro de la contrata al pago de cantidades de dinero, 50.000 inicialmente, pero después se rebajó la cantidad a 25.000. El empresario denunció que perdió la concesión tras negarse a pagar el dinero que le reclamó el funcionario. La Fiscalía pide para el funcionario tres años de cárcel por un delito de cohecho, así como el pago de una multa y cinco años de inhabilitación.
El funcionario ha negado los hechos y sostiene que él no tenia capacidad para resolver nada referente esta contrata. Según su versión, las cantidades de dinero de las que se hablan en la grabación eran para el Ayuntamiento, por exigencias de la contrata y negó haber pedido dinero alguno no para él.
