El exinterventor de Monóvar negó ayer haber reclamado un soborno a un empresario a cambio de prorrogarle una contrata. El juicio con jurado popular comenzó ayer en la Audiencia Provincial con la declaración del acusado. La Fiscalía pide para el funcionario tres años de cárcel por un delito de cohecho, así como el pago de una multa y cinco años de inhabilitación.

El funcionario declaró que él no tenia capacidad para resolver nada referente esta contrata y ha negado las acusaciones. La denuncia se presentó a raíz de que un empresario denunciara que le habían reclamado una cantidad de dinero a cambio de renovarle la contrata. El denunciante aportó una grabación que recogía la conversación con el funcionario en la que supuestamente éste se le habría reclamado estos pagos y que puso en marcha este procedimien to judicial.

Según la versión que el acusado ha dado en la vista oral, las cantidades de dinero de las que se hablan en la grabación aportada por empresario eran para el Ayuntamiento, por exigencias de la contrata y negó haber pedido dinero alguno no para él. El acusado ha sostenido que esa grabación no está completa y sólo recoge una parte de la conversación. Para hoy está previsto que se reproduzca el audio en el juicio. También ha sido citado como testigo el que era alcalde de la localidad ese año, el popular Salvador Poveda, así como otros funcionarios de la corporación.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron a finales del año 2012 después de que el acusado citara al empresario de la adjudicataria en varias ocasiones para reclamarle el pago de 50.000 euros, cifra que posteriormente acabó rebajando a 25.000, como condición para prorrogarle el contrato. El Ayuntamiento no renovó la concesión después de que el empresario se negara a pagar el dinero que le estaban reclamando. En la causa también está personada como acusación particular el empresario que presentó la denuncia.

Acusaciones

La mercantil Sapesa SL era la adjudicataria desde el año 2008 del contrato del servicio de mantenimiento de plazas, parques y jardines del Ayuntamiento de Monóvar. A finales del año 2010, el Ayuntamiento comunicó a la mercantil que iba a finalizar la concesión, si bien se dejaba la puerta abierta a la posibilidad de una prórroga. La mercantil aceptó la prórroga y el 9 de febrero de 2011 el contrato se amplió por un año más.

Según la Fiscalía, a los diez o quince días de esta prórroga, el acusado citó en su despacho al administrador de la empresa concesionaria. En dichas reuniones, el procesado le habría condicionado el futuro de la contrata al pago de cantidades de dinero, 50.000 inicialmente, pero después se rebajó la cantidad a 25.000. El empresario denunció que perdió la concesión tras negarse a pagar el dinero que le reclamó el funcionario. La grabación aportada por el empresario recoge una de esas reuniones en el Ayuntamiento.