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Elda y Petrer

Okupas y propietarios, al límite

La ocupación ilegal de casas crece en los barrios más antiguos de Elda y Petrer e incrementa la conflictividad con los dueños y vecinos afectados

La calle La Mancha de Petrer, donde se produjo una pelea entre un okupa y el dueño del piso que obligó a intervenir a la Policía Local. ÁXEL ÁLVAREZ

La ocupación ilegal de viviendas aumenta de forma apreciable en los municipios vecinos de Elda y Petrer. El fenómeno no es nuevo pero en los últimos meses se están disparando los conflictos entre algunos okupas y los propietarios y vecinos de las comunidades afectadas. Precisamente la Policía Local de Petrer tuvo que intervenir hace un par de días para separar a dos hombres que se habían enzarzado a puñetazos en un portal de la calle La Mancha de Petrer, en las proximidades del barrio Virgen de la Cabeza de Elda.

Tras recibir un aviso del 112, los agentes tuvieron que emplearse a fondo para poner calma entre los dueños de una vivienda vacía y el hombre que la había ocupado tras forzar la cerradura. Al final los propietarios acabaron en la Comisaría de la Policía Nacional interponiendo una denuncia por agresión y usurpación de vivienda. Pero hasta que no se celebre el juicio no podrán hacer nada por recuperar su propiedad y los procedimientos de desahucio se vienen dilatando, hasta la fecha, por encima de los dos años. Tiempo suficiente para que la inversión o la herencia de una familia de clase media se devalúe de forma considerable por el saqueo y los destrozos que, en la mayor parte de los casos, sufren estos inmuebles.

En Elda los barrios de Numancia, Nueva Fraternidad, Caliu y la zona de Alfonso XIII son las más afectadas. En la mayor parte de los casos los okupas buscan pisos propiedad de los bancos o de grandes inmobiliarias porque la falta de control les otorga más tiempo de estabilidad. Pero también los hay que, a título particular o formando pequeños grupos delictivos, se dedican a «reventar» pisos para vender las llaves a familias sin hogar por un precio que, estos momentos, se sitúa sobre los 1.000 euros. En tales casos los «okupas» siempre actúan de la misma manera. Una vez elegido el inmueble lo vigilan durante varios días para cerciorarse de que no es la vivienda habitual de nadie. A continuación arrancan la cerradura y la sustituyen por otra nueva quedándose con todo el juego de llaves. Y finalmente se «enganchan» ilegalmente a la luz y al agua de los contadores de la comunidad de vecinos, lo que genera continuos conflictos de convivencia que, en más de una ocasión, acaba en amenazas y agresiones como la ocurrida en Petrer.

Poco puede hacer la autoridad cuando en la vivienda violentada no reside nadie aunque disponga de muebles y electrodomésticos. Si el okupa está dentro y su intención es quedarse la Policía solo puede levantarle un acta por ocupación ilegal de un bien inmueble. En estos supuestos se le impone al autor una multa que no pagará nunca porque siempre se declara insolvente. Cosa diferente es que sea sorprendido justo cuando está forzando la puerta. En tal caso podría ser acusado de un intento de robo con fuerza. Pero rara vez ocurre.

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