El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Novelda ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento que abrió en marzo de 2017 por una supuesta prevaricación administrativa en la que figuraban, como investigados, el alcalde de Monóvar, el socialista Natxo Vidal, sus concejales de Hacienda y Urbanismo, Alejandro García y Lorenzo Amat respectivamente, así como el asesor jurídico del Ayuntamiento y el exingeniero municipal. A todos ellos les tomó declaración el instructor y los cinco negaron los hechos que motivaron la querella del empresario local José Manuel Quiles, hermano de la edil popular María Ángeles Quiles.
Un asunto nacido de las divergencias surgidas entre los denunciados y el propietario de una finca del paraje Pedrera, en torno a un camino y la conducción subterránea de agua potable que discurre por el mismo trazado.
Sin embargo, tras estudiar el caso, el juez ha evidenciado en su auto la falta de pruebas, diligencias o testimonios de los que se desprenda indicio alguno de la existencia de una actuación arbitraria por parte de los investigados, ni tampoco de la adopción de una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.
«Ensuciar al gobierno»
En su momento ni el alcalde Natxo Vidal ni ninguno de los investigados quiso pronunciarse. Pero ahora que se han archivado las actuaciones sí han querido hacerlo. «La Justicia demuestra hoy, evidenciando en la sentencia la falta de pruebas en el procedimiento, que la denuncia no tenía otra finalidad que la de ensuciar la imagen del gobierno local -PSOE- y el nombre del alcalde y de los otros dos concejales denunciados, Alejandro García y Lorenzo Amat. En su momento -indican los regidores socialistas- nosotros no hicimos declaraciones mientras que el denunciante ocupaba páginas de diario, minutos en programas de radio y espacio en redes y plataformas sociales, al calor de palmeros con intereses políticos. Pero hoy afirmamos que la acción del gobierno del que formamos parte siempre ha sido acorde a la legalidad, y que la incapacidad del denunciante para aportar una sola prueba en favor de su denuncia demuestra, únicamente, el supuesto ánimo difamatorio de la misma, carente de base legal y orientada a socavar el crédito político y ético de este gobierno».
«Sembrar dudas»
Los querellados también lamentan que desde marzo de 2017 haya planeado sobre ellos la duda de la ilegalidad, «que ahora esta sentencia hace desaparecer, y que ésta haya sido utilizada políticamente en nuestra contra, de forma pública y privada, en base a una denuncia carente de argumentos, jurídicamente estéril, y a la difusión gratuita de la que la misma gozó en su momento». Por eso celebran que «la Justicia haya demostrado que en la acción del gobierno de Monóvar no hay espacio para la arbitrariedad ni la ilegalidad».
La resolución todavía no es firme. Contra ella cabe recurso de apelación en cinco días.
