El Ayuntamiento de Villena ha paralizado una licencia de obras tras el cambio de opinión del Ministerio de Fomento sobre la distancia que se debe mantener entre la autovía, en este caso la A-31 y las construcciones. Fomento emitió un informe desfavorable ante la petición de una constructora para edificar cerca de la autovía y así, se amplía, de forma tácita, la superficie sin construcciones entre las carreteras el caso urbano de la ciudad.

Así, al departamento municipal de Urbanismo no le quedo más remedio que no otorgar la licencia de obras, pero al mismo tiempo ha decidido personarse en la causa abierta por la empresa. Según la concejala de este área, Catalina Hernández, «lo hacemos porque creemos que la constructora tiene la razón».

El rechazo de esta licencia de obras afecta al desarrollo urbano de la población porque deja a otros inmuebles que se encuentran en la misma línea de edificación en una situación de desamparo.

En este caso, el alcalde, Javier Esquembre ha indicado que «hay un cambio de criterio en Fomento, pues además de los 25 metros entre la edificación y la vía, debe haber un espacio de servidumbre que hasta el momento no se había hecho valer, pero que ahora sí se tiene en cuenta, lo que dificulta la definición de la ciudad».

Esta situación ha provocado que la Junta de Gobierno local haya aprobado que el Ayuntamiento se persone en el caso del conflicto entre el Ministerio de Fomento y la empresa. El objetivo, según indica la primera autoridad local, es «conocer de primera mano que sucede con esta cuestión». Esquembre señala que «los intereses municipales coinciden en parte con los de las propiedades particulares para defender todo el plan y la estructura urbana que linda con la autovía, así como garantizar nuestras posibilidades de crecimiento».

Villena cuenta con un convenio con el Ministerio de Fomento, firmado hace décadas, que establece la línea de edificación y que, según el equipo de gobierno, no se ha considerado al emitir un informe desfavorable a la licencia de obras. La concejala de Urbanismo, Catalina Hernández afirma que «nos hemos personado en este caso particular porque tal y como se resuelva sentará un precedente en el desarrollo urbano cercano a la autovía y el Ayuntamiento debe hacer valer el derecho que posee el convenio que en su día se firmó con Fomento».

Hernández sostiene que «de hecho cualquier licencia de obras que ahora se presentase en esa zona quedaría paralizada a la espera de que el juzgado resuelva el conflicto».