El equipo de gobierno de Monforte del Cid -IU, PSOE y No Adscritos- ha establecido los primeros contactos con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) del Ministerio de Fomento para buscar una solución definitiva al litigio del polígono industrial Walaig. Una medida que viene precedida de la resolución judicial del pasado mes de junio, en la que se confirmaba la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar al Gobierno central una indemnización de 10,6 millones de euros.
Tras un primer contacto telefónico, la comitiva monfortina fue recibida en Madrid por el nuevo director general del SEPES, el socialista Alejandro Soler, a los quince días de solicitar la cita. El objetivo de la Corporación se cumplió con creces. No era otro que el de recuperar un diálogo que era inexistente por diversos motivos. El principal es que la convocatoria de dos elecciones que tuvo lugar en 2016 retrasó, al menos dos años, las reuniones que debían haberse iniciado en 2015 y 2016, ya que no se había constituido el Gobierno central y, en consecuencia, tampoco se había nombrado a un director general como interlocutor válido para iniciar las negociaciones.
La primera visita fue a principios de 2017 y la entonces directora general de la Administración de Mariano Rajoy dejó bien claro que las conversaciones se rompieron con Antonia Cervera, la exalcaldesa popular de Monforte, «por sus reiterados desplantes», lo que redujo a la vía judicial la solución de un conflicto «muy trillado» al existir tres sentencias en contra del gobierno local del PP.
No obstante, en esta ocasión el talante ha sido muy distinto. Según la actual alcaldesa María Dolores Berenguer, de IU, «desde el primer momento se notaron en el ambiente las ganas de alcanzar un acuerdo que fuera lo menos gravoso para los intereses del SEPES y de nuestra población».
Aunque los procesos judiciales están muy avanzados, tanto Soler como Berenguer tuvieron un encuentro muy distendido, en el que se analizaron todas las posibilidades, tanto en los acuerdos de posibles futuros pagos y sus aplazamientos, como de nuevas vías de inversión externa para «desatascar» el polígono Walaig.
Fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Alicante el que condenó hace dos meses al Ayuntamiento de Monforte del Cid a pagar 10.689.192 euros al SEPES por las irregularidades en las que el Consistorio incurrió para urbanizar la nueva zona industrial. Una sentencia que ha dejado al Consistorio monfortino en una situación económica crítica teniendo en cuenta, entre otras cosas, que la cantidad indemnizatoria fijada por el tribunal supera con creces los 7,5 millones a los que se ha elevado este año el presupuesto municipal. Además, el magistrado apunta en la resolución judicial que «la consecuencia de todas las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento ha supuesto que el desarrollo urbanístico de la actuación sea, en la actualidad, totalmente inviable tanto desde el punto de vista físico como jurídico, urbanístico y económico». Una situación que ha dejado completamente paralizada desde hace diez años una amplia zona industrial situada junto a la autovía de Alicante-Madrid.
