El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Alicante ha condenado al Ayuntamiento de Monforte del Cid a pagar 10.689.192 euros a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) del Ministerio de Fomento por el conflicto surgido en torno a la urbanización del polígono industrial Walaig. Una sentencia que deja al Consistorio monfortino en una situación económica crítica teniendo en cuenta, entre otras cosas, que la cantidad indemnizatoria fijada por el tribunal supera con creces los 7,5 millones a los que se ha elevado este año el presupuesto municipal.
Fue en diciembre de 2016 cuando la Justicia se pronunció por primera vez acerca de la ejecución de la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a indemnizar al Sepes con 10,6 millones de euros. Cabe recordar que, tras tres condenas en contra, el propio Juzgado acumuló todas las causas en una, declarando la nulidad de la adjudicación del plan parcial del polígono Walaig, la resolución unilateral del convenio de colaboración con el Sepes y la anulación del proyecto de reparcelación del ámbito concernido. Y ahora, para calcular la indemnización sustitutoria, la Abogacía del Estado ha tenido en cuenta cuatro conceptos. Por un lado la pérdida del suelo de origen aportado a la actuación, sobre una superficie de 970.640 metros cuadrados, que ha sido valorada en 7.698.178 euros. Por otro el premio de afección calculado sobre la pérdida soportada así como dos nuevas indemnizaciones. Una por la privación de la facultad de participar en las actuaciones de la nueva urbanización, que ha sido cuantificada en 1.694.024 euros, y otra por la iniciativa y promoción de actuaciones de urbanización que se ha fijado en 1.296.989 euros.
Así lo establece la sentencia, que es especialmente dura con la gestión que el gobierno popular de Antonia Cervera realizó diez años atrás, para desarrollar una amplia zona industrial junto a la autovía de Alicante-Madrid que sigue paralizada y abandonada. De hecho, el juez señala en la resolución a la que ha tenido acceso este diario que, a pesar de las sentencias que pesaban sobre el sector, el Ayuntamiento abundó en su trámite hasta el punto de que (...) la situación jurídica creada se agravó por cuanto el Ayuntamiento, haciendo caso omiso de las sentencias que habían sido dictadas por este Juzgado, aprobó el 6 de marzo de 2008 el Proyecto de Reparcelación de la UE-1. Además de que (...) pese a tener conocimiento de que las sentencias dictadas en primera instancia podrían ser confirmadas en apelación por el TSJ, la codemandada Intersa Levante -sociedad que se ha disuelto tras un concurso de acreedores- hipotecó 91 de las 115 parcelas y enajenó otras 11 a terceros adquirentes».
Ante esta tesitura el magistrado afirma de forma contundente que «la consecuencia de todas las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento ha supuesto que el desarrollo urbanístico de la actuación es, en la actualidad, totalmente inviable tanto desde el punto de vista físico como jurídico, urbanístico y económico».
Ahora los servicios jurídicos del Consistorio estudian la posibilidad recurrir la sentencia al TSJ y, en última instancia, al Supremo. Para apelar hay de plazo hasta el próximo jueves pero la actual alcaldesa, María Dolores Berenguer, de IU, se mostraba ayer muy crítica con el PP de Monforte y señalaba que «no podemos permitir que quienes crearon esta monstruosa deuda vuelvan a dirigir los destinos de nuestro pueblo».
