La primera contradicción en la que incurrió la detenida en la misma noche del crimen fue asegurar, tanto a los agentes como a las pimeras personas que la socorrieron, que había sufrido una agresión sexual por parte de los hipotéticos asaltantes a la vivienda a los que atribuyó la muerte del menor. Una afirmación a la que los agentes le dieron inicialmente credibilidad porque la ropa que llevaba estaba rasgada.

Sin embargo, horas después esa versión fue descartada por los facultativos del Hospital General Universitario de Elda que la atendieron. Además, la exploración ginecológica a la que fue sometida también descartó que el bebé que esperaba -en ese momento estaba embarazada de cuatro meses- hubiera sufrido daño alguno. Las únicas lesiones que presentaba la supuesta víctima eran contusiones de carácter leve y, tras recibir el alta médica, ya fue conducida en esa misma madrugada a la Comisaría para que prestara declaración.

Al día siguiente un familiar de Alejandra G.P. se puso en contacto con este diario para negar que hubiera sido violada o que hubiera sufrido cualquier otro tipo de agresión sexual. El entorno de la víctima confirmó que había sido atada y amordazada y que había recibido una paliza pero descartó el delito sexual.