El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana se ha mostrado interesado por la situación del sector de la Jaud sobre el que pesa una sentencia de demolición de las viviendas. El litigio dura casi 20 años y afecta a más de un centenar de propietarios.
El tribunal ha dictado una orden en la que pide que «se oiga a las partes». Ante esta solicitud, la concejalía de Urbanismo mantuvo una breve reunión con los demandantes y propietarios para informarles de la documentación que se va a mandar al juzgado.
La concejala de Urbanismo, Pilar Calpena, afirma que «hemos detallado los hitos del proceso que hemos tramitado, en estos tres años,hasta llegar a la aprobación del Plan de Reforma Interior (PRI) por el pleno». «En total son casi 40 trámites los que se han realizado por el deparmento contabilizando las reuniones de participación ciudadana» asegura
La responsable de este área municipal indica que se le ha informado a los afectados del informe que se va a mandar al TSJCV porque «todo el trabajo se está realizando a través de un proceso de participación ciudadana». El planeamiento de la zona recibió 25 alegaciones contrarias a algunos de los aspectos de la ordenación. De estas se aceptaron el 90 por ciento de las peticiones. Calpena ha insistido en que «en el PRI hemos hecho todo lo que legal y urbanísticamente hemos podido».
Por otra parte, el ayuntamiento ha contratado la redacción del Proyecto de Actuación Integrada (PAI) para calificar los terrenos como suelo urbano consolidado y así tramitar la autorización de primera ocupación. La portavoz de Compromís ha incidido en que es un paso más para lograr legalizar las viviendas y dotar de una planificación urbanística al sector - en la que se establecen los viales y la edificabilidad- de la que todavía carece. Esta será la fase final de un largo, tedioso y complejo conflicto.
En el Plan de Reforma Interior (PRI) se contemplan 322.000 metros cuadrados de superficie y se establece un suelo dotacional con carácter educativo, así como 15.000 metros cuadrados dedicados a zonas verdes. Además, el plan determina unos criterios de sostenibilidad como la adopción de medidas bioclimáticas para la urbanización o la implantación de sistemas eficientes de riego, entre otros.
El PRI de esta zona de entrada a la ciudad es un problema endémico e histórico de Elda, que se ha ido agravando desde 1995 cuando se otorgaron las primeras licencias de obras y la reparcelación de la zona.
El trámite enfrentó a los vecinos y estos, a su vez, con el Ayuntamiento. En el proceso entraron en liza los tribunales y uno tras otro fueron descartando las posibles soluciones que se han dado a este problema urbanístico. Ninguna de ellas, hasta el momento, ha gozado del beneplácito de todas las partes.
