El PP ha trasladado parte de la inversión repartida con criterios objetivos por la Diputación a recuperar un paquete de subvenciones, «a dedo», para pueblos de vicepresidentes y miembros del gobierno de César Sánchez que, en algunos casos, habían sido incluso paralizadas por la Justicia.

Esta pérdida de inversión financiera reduce en 37,62% la financiación de proyectos sostenibles en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, cuyos pueblos perderán 1,2 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles respecto a la cantidad recibida en 2017. En estos términos lo ha denunciado el portavoz adjunto de Compromís en la Diputación, el crevillentino José Manuel Penalva, advirtiendo de que «el caso es grave no tan sólo por la pérdida financiera de los ayuntamientos de ambas comarcas, sino porque algunas de esas subvenciones a dedo fueron paralizadas por la Justicia al constituir un claro trato de favor y un agravio comparativo respecto al resto de poblaciones de la provincia». Un paquete de ayudas «a la carta» que se suman también acuerdos «a dedo» y sin justificar, algunos de ellos propuestos por el PSOE.

Frente a esta situación Compromís ha avanzado que se podría estar incurriendo en un supuesto delito de desobediencia a resoluciones judiciales. «La estrategia ha consistido en hacer creer a los juzgados que se daba marcha atrás pidiendo la extinción de las causas judiciales mientras que, paralelamente, se preparaban otros actos administrativos con el mismo objeto. Y además este nuevo acto administrativo se sumaba al acuerdo marco de inversión sostenible de 31 millones de euros para forzar a no recurrirlo, en un tipo de actitud que roza el chantaje», añade el representante de Compromís.

La coalición ha informado, además, de que «esta sorpresa en forma de ayudas a dedo rompe el principio de acuerdo al que habían llegado PP, PSOE y Compromís, puesto que suma a dicho pacto un paquete de 7,3 millones de euros que afecta a todas las comarcas».

Como ya se ha publicado, el acuerdo original consistía en respetar la aportación en los 141 pueblos de los años 2016 y 2017, sumar los municipios que se habían quedado fuera del plan de obras y compensar los efectos de los temporales de 2016 y 2017. «Pero ahora, el PP condiciona el pacto anterior a que se acepte en el mismo dictamen los más de siete millones de ayudas a dedo, y extrae esta cantidad a los municipios. A este paquete todavía le ha sumado más acuerdos a dedo, sin justificar algunos de ellos, propuestos por el PSPV», remarca José Manuel Penalva destacando, por último, que «entendemos que este acuerdo engaña a los juzgados y los pueblos, y pedimos que el paquete de 7 millones de euros se reparta democráticamente entre los 141 pueblos de la provincia». Para conseguirlo Compromís ha anunciado una enmienda en este sentido al dictamen el día del plenario, al tiempo que anuncia que, si se mantienen las ayudas clientelares a expensas del reparto democrático en todos los pueblos, ampliará la causa del contencioso administrativo y estudiará actuar por la vía penal contra los impulsores del pacto.