El exceso de peso en el Ayuntamiento de Villena ha sido un verdadero quebradero de cabeza para el equipo de gobierno de Los Verdes. Hace años comenzaron a aparecer grietas en el inmueble y en el mes de septiembre pequeños desprendimientos obligaron a apuntalar el archivo y una parte del claustro. Ante esta situación, Magistratura de Trabajo exigió en diciembre el desalojo del Palacio Consistorial y el gobierno municipal adelantó llevaría a cabo su rehabilitación integral. El proyecto está valorado en 1,5 millones de euros.
De este modo, una empresa especializada en prospecciones inició ayer un estudio geotécnico sobre la composición del suelo donde se asienta el Ayuntamiento para conocer el peso que puede soportar el inmueble, con el fin de incluirlo en los pliegos previstos para la redacción del proyecto de rehabilitación del mismo.
La concejala de Urbanismo, Catalina Hernández, explicó que los trabajos se prolongarán durante una semana. Además, de la prospección en el claustro del Palacio Consistorial, se realizará también en el patio del garaje de vehículos municipales ubicado en el callejón El Chicho, estudio que se incluirá en el proyecto previsto por el equipo de gobierno de Los Verdes para consolidar los muros del inmueble.
Por otro lado, la edil informó de la existencia de otro informe sobre las patologías del Ayuntamiento de Villena que establece que tanto la cimentación como la estructura vertical del edificio «están en buenas condiciones. Lo que no está en buen estado son las vigas de madera del primer y segundo piso, debido a que han sufrido un deterioro continúo por filtraciones de agua». El informe plantea que se desaloje y se traslade al personal municipal del primer y segundo piso del edifico a la mayor celeridad posible. «No obstante, el estudio señala que se pueden mantener abiertos el archivo y el museo arqueológico ubicados en los bajos del Ayuntamiento hasta que comiencen las obras de remodelación del inmueble», afirmó Catalina Hernández.
Los inspectores de Trabajo visitaron el Palacio Consistorial en diciembre y dieron un plazo de dos meses para desalojar el inmueble, plazo que se ha prorrogado hasta que se adecúe el Centro de Mayores donde se trasladarán los servicios municipales. La visita estuvo motivada tras la última denuncia realizada en el mes de noviembre por el PP ante el Ministerio de Empleo por el incumplimiento por parte del equipo de gobierno de Los Verdes del primer requerimiento de Magistratura de Trabajo del mes de mayo de 2017, en el que demandaban la realización de un plan de emergencia y el desalojo de la segunda planta.
Sin embargo, tal y como denunció el PP, el gobierno de Los Verdes hizo caso omiso al requerimiento. Ya en diciembre de 2016 los populares denunciaron la precaria situación en la que se encontraba la última planta del inmueble del siglo XVII y Bien de Interés Cultural.
