La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias previas para investigar la gestión de los últimos cuatro años del anterior presidente de la Empresa Municipal de Urbanizaciones de Elda (Emudesa). Así lo ha confirmado su actual presidente y concejal de Izquierda Unida, Javier Rivera, quien ha comentado que «a raiz de la denuncia que se interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta irregularidades en las facturas de la empresa y posibles sobrecostes en los servicios, el fiscal ha atisbado suficientes indicios de delito».
Así, tanto el anterior presidente de Emudesa, Miguel Ángel Mancheño, como los representantes de la empresa que realizaban los arreglos en las viviendas de Emudesa han testificado ya en el juzgado de instrucción número 3 de Elda en calidad de investigados. Está previsto que, en el mes de abril, declare como testigo el actual presidente de la empresa pública, Javier Rivera.
Las presuntas irregularidades denunciadas se refieren a trabajos facturados y cobrados por una empresa que no realizó parte de ellos, según se detalla en la documentación, así como en el contrato para realizar las obras de reparación y que se presentó ante la fiscalía. Con los informes técnicos que esgrimió el director de Emudesa en el consejo de administración se le facultó, con el voto a favor de la mayoría de los consejeros y la abstención de la representante del Partido Popular (PP), para tomar las medidas administrativas, judiciales y extrajudiciales necesarias para que se reparen los daños y perjuicios causados.
Las alarmas sobre este caso sonaron cuando algunos de los inquilinos de las viviendas de Emudesa demandaban arreglos que en los informes técnicos figuraban como realizados. A partir de estos indicios se inició una investigación interna y un peritaje.
Rivera indica que «los primeros indicios que encontré fue que se habían fraccionado contratos de obras y reparación mediante una única empresa durante los seis primeros meses del ejercicio 2015, sobrepasando el límite legal permitido fijado por la Ley de Contratos del Sector Público», a lo que añadió que «se fraccionaron facturas que ascendieron a 120.992,11 euros a una sola empresa. Estas acciones se realizaron igualmente en los anteriores ejercicios presupuestarios desde el año 2011 hasta agosto de 2015».
La investigación descubrió, también, la contratación de reparaciones en 13 viviendas del Polígono Almafrá, cuyo importe asciende a 65.575,38 más IVA. Sin embargo, el informe pericial indica que «tan solo se han realizado reparaciones por valor de 22.686,53 euros. Hay 42.888,84 euros más IVA en reparaciones facturadas y cobradas, pero que se encuentran sin realizar, ni justificar», apunta el de IU.
Otro de los hechos presentados a la justicia es el relacionado con la firma de un contrato «personalizado» dentro de la enajenación de una nave por el que la anterior dirección de la empresa municipal se comprometía a asumir el coste del suministro eléctrico generado en esa nave en los siguientes 19 meses sin que ese dato aparezca ni en la escritura, ni en los pliegos de condiciones.
Rivera indica que «la responsabilidad penal, si la tiene, es del anterior presidente de Emudesa», aunque considera que «existe una responsabilidad política del PP de Elda y en concreto de la anterior alcaldesa, Adela Pedrosa, por su designación»
