El futuro del trasvase Júcar-Vinalopó está en el aire a falta de dos meses para que expire el último de los convenios suscritos entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. Para acabar con la incertidumbre y alcanzar un acuerdo estable, todas las partes implicadas están analizando la última propuesta presentada por la CHJ -Confederación Hidrográfica del Júcar-. El borrador se entregó a los representantes de las comunidades de regantes, organizaciones agrarias y ayuntamientos afectados en la provincia en el transcurso de una reunión mantenida en Valencia y convocada por la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Medio Ambiente que dirige Isabel García Tejerina.
El objetivo es suscribir un convenio plurianual, de tres años de duración con posibilidad de dos años más de renovación, que supondría trasvasar cada año 20 hectómetros cúbicos de agua del Júcar al Vinalopó. Desde la toma en el Azud de la Marquesa en Cullera hasta el embalse regulador de La Cuesta en Villena.
Fin de la emergencia
La medida supone un avance respecto a la situación que se viene repitiendo desde que en 2012 llegaron a la provincia de Alicante los primeros caudales del Júcar. Desde entonces los cuatro trasvases realizados han sido aprobados por el Gobierno central y la sociedad estatal Acuamed, con carácter de urgencia, y la cantidad autorizada, 15 hectómetros cúbicos, no ha podido ser utilizada por completo debido a la falta de ejecución de las infraestructuras del postrasvase. Prueba de ello es que en el primer desembalse del Júcar, la provincia solo pudo aprovechar cuatro hm3 de los 15 que llegaron al malogrado macroembalse de San Diego en Villena. Y en los tres convenios siguientes ha ocurrido lo mismo. En el año hidrológico 2013/2014 solo se emplearon 7 hm3; en 2015/2016 fueron 7,5 hm3 y en el actual y último periodo han sido 9 hm3. En total 27,5 hm3 de los 60 autorizados. Pero en dos meses expira la vigencia del último convenio, de tal modo que si no se llega a un acuerdo con el Ministerio en abril no habrá ya trasvase de emergencia, tal y como ha venido sucediendo en los últimos años para beneficio de los agricultores alicantinos.
Desaladora de Mutxamel
Lo que ha suscitado las mayores dudas entre regantes, agricultores y ayuntamientos es que la CHJ haya propuesto, según las fuentes consultadas, que la desaladora de Mutxamel compense en la comarca de l'Alacantí los gastos del trasvase si resultara deficitario.
En abril pasado este diario ya publicó que la Junta Central y el Ministerio de Medio Ambiente estaban trabajando en un acuerdo para que el agua del trasvase no se renovara año a año, como viene ocurriendo hasta ahora, sino que quedase regulada de forma estable y permanente para garantizar el trabajo y las inversiones de los agricultores. En aquel momento Ángel Urbina, presidente de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) San Enrique y portavoz de la Junta Central, ya mostró su deseo de que «este trasvase sea el último provisional que se haga año a año. Queremos -anunció- que en 2018 tengamos ya conseguido trasvases del agua regularmente, o al menos cada cinco años». Un objetivo que está ahora en fase de negociación.
Y fue precisamente en abril de 2017 cuando los campos alicantinos comenzaron a regarse con el último desembalse del Júcar autorizado por el Ministerio para poder atender las necesidades de las cuencas receptoras. Una medida que garantizó riegos de socorro para los campos del Vinalopó durante la tórrida primavera y el seco verano. Para ello los caudales llegados al embalse villenero de La Cuesta, a través del «bypass» del macroembalse de San Diego, se reconducen por toda la margen derecha a través de Monóvar, Aspe, Hondón y Elche a través de los embalses del Toscar, El Rollo, Federal, San Enrique y José Ramón García Antón. Un largo viaje para unas aguas sin las cuales la agricultura alicantina se queda sin futuro.
