A la carrera y con lo puesto. Así tuvieron que salir de sus viviendas las cinco familias que residían en el edificio situado en los números 37 y 39 de las calles San Miguel y Maestro Amadeo Vives de Elda. Pasaban unos minutos de las nueve de la noche cuando sintieron un fuerte estruendo. El entresuelo había cedido repentinamente y el precario estado que presentaban los pilares de la planta baja amenazaban con el colapso inmediato del bloque entero.
Todas las familias, algunas de ellas más que numerosas, abandonaron alarmadas sus hogares a toda la velocidad ante el temor de quedar sepultados bajo los escombros. Se encontraban arremolinadas en la calle cuando llegaron al Altico de San Miguel varias dotaciones de la Policía Local, que trasladaron el aviso de forma urgente al equipo técnico municipal de la concejalía de Obras y Urbanismo. Una vez inspeccionada la estructura, tanto el arquitecto como el aparejador del Ayuntamiento no dudaron en ordenar el desalojo inmediato de todas las viviendas donde residía una treintena de personas de diferentes edades. Pero no fue la única medida adoptada con carácter preventivo. También se cerró la calle con vallas para impedir el tránsito de vehículos y personas ante el riesgo inminente de derrumbe. El desalojo se produjo el domingo de la semana pasada y la Policía Local precintó las dos puertas de acceso. Los agentes tuvieron que colocar notas informativas y cadenas para evitar que los vecinos volvieran a subir a los pisos para retirar sus efectos. Por eso muchas ventanas permanecen abiertas e incluso hay ropa en el tenderete que da a la calle San Miguel.
El expediente municipal de declaración de ruina ya está en marcha. En estos casos es el dueño -o la comunidad de vecinos- quien debe asumir el gasto de la demolición. La ley que regula la propiedad horizontal obliga a mantener el inmueble en perfectas condiciones. Pero, en caso de que el proceso se alargue en el tiempo como todo apunta que va a ocurrir, el Consistorio emitirá en unos días la orden de ejecución de derribo con cargo al titular o titulares para prevenir daños en las personas y las viviendas próximas.
Al menos la zona de la planta baja que presenta mayor peligrosidad ya ha sido apuntalada. No obstante el riesgo persiste y el edificio, que fue construido hace más de 40 años, podría ceder hacia cualquier lugar y en cualquier momento.
