El enfrentamiento que mantienen la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, y la Conselleria de Sanidad por ver quién debe pagar los tratamientos de última generación para curar la hepatitis C de los presos de la C. Valenciana se está cobrando sus propias víctimas: los presos de la cárcel de Villena.
Pese a que en estos últimos años se han articulado mecanismos para que esta disputa -que está en los tribunales- no afecte directamente a los internos en las cárceles, lo cierto es que los infectados por el virus que están en Villena, hoy por hoy, no pueden recibir el tratamiento con el que se curarían a no ser que abandonen la prisión y acepten ser trasladados a Picassent durante los tres meses que, aproximadamente, dura el tratamiento estándar contra el virus.
El problema es que, parte de ellos, están rechazando recibir el tratamiento que les curaría de la enfermedad ya que un traslado de prisión supone un problema «para ellos, tanto porque algunos no quieren alejarse de la familia como por lo que supone cambiar de ambiente, de cárcel, es un estrés añadido en un ambiente como el carcelario», aseguran fuentes internas de Prisiones.
La consecuencia: «Muchos de los afectados» estarían renunciando al tratamiento «dado el perjuicio» que el traslado a Picassent para recibirlo «supone para ellos y sus familias». Aunque no hay cifras oficiales, fuentes internas de Prisiones estiman que en Villena habría actualmente «cerca de 150 reclusos» que necesitan estos fármacos, en consonancia con el porcentaje de prevalencia de esta enfermedad entre la población reclusa que ha bajado en los últimos años y rondaría ahora «el 16-17%».
De todos ellos, una «buena parte», según fuentes internas, estarían rechazando el tratamiento para luchar contra esta infección que afecta al hígado y que puede derivar en cirrosis o cáncer lo que se traduce en que se está tratando a una «baja proporción» de presos internados en Villena. En otras prisiones, el porcentaje de negativas llegó al 50% en circunstancias semejantes.
Así lo han denunciado miembros de la Coordinadora de Asociaciones de VIH de la Comunidad Valenciana (Calcsicova) que critican la «discriminación» a la que son sometidos los reclusos en comparación con el resto de pacientes, simplemente por estar institucionalizados allí y no en cualquier otro centro, según explica Ramón Espacio, miembro de la comisión de Sanidad de Calcsicova.
Sin conexión con Abucasis
Villena se convierte así en la única cárcel valenciana en la que no se está dando este tratamiento contra la hepatitis C precisamente en una comunidad en la que, desde la llegada del nuevo Consell, se ha apostado por sufragar estos fármacos de última generación y ya se ha curado a 8.500 personas.
El porqué en el resto de prisiones sí y en Villena no radica en el enfrentamiento que mantienen el gobierno central y las comunidades por quién debe abonar estos fármacos que, al inicio de su irrupción en el mercado, suponían un desembolso de cerca de 25.000 euros por paciente, coste que ahora se ha reducido.
Hasta ahora, los tratamientos que recibían los presos fuera del ámbito hospitalario eran asumidos por el Estado, como ya se hizo con los antirretrovirales para el sida. Sin embargo, el Gobierno decidió no sufragar estos fármacos contra la hepatitis C cuando aparecieron y, de hecho, el ministerio «impidió a sus médicos prescribirlos», según fuentes internas de Prisiones.
En la Comunitat Valenciana, el Consell decidió pagar los medicamentos, también a la población reclusa, mientras se dirime en los juzgados quién tendrá que asumir la factura. Sin embargo, para hacerlo posible, la Conselleria de Sanidad ha tenido que ir «peleando» en estos meses para implantar dentro de cada una de las prisiones un ordenador con su sistema interno de gestión Abucasis y facilitar así la prescripción de los fármacos de hepatitis C «desde el exterior».
El Abucasis se ha ido poniendo, con cuentagotas, en las prisiones, según critican desde Calcsicova. Primero fue Castellón y Picassent en 2015, mientras que la Subdirección General de Instituciones Penitenciarias no aceptó instalar el programa en Fontcalent hasta finales de 2016. En Villena, sin embargo, esta autorización no ha llegado y la única opción que se ha dado para los reclusos con hepatitis C es el traslado.
«Esfuerzos» de Sanidad
Desde Calcsicova y la Plataforma de Afectados de la hepatitis C han aplaudido los «esfuerzos» que desde la Conselleria de Sanidad se han hecho para resolver el problema y atender a todos los presos, tal como se está haciendo con el resto de pacientes, aunque «desconocemos las motivaciones de Instituciones Penitenciarias» para este «bloqueo en Villena», criticaron ayer.
Espacio, de la coordinadora, apunta a que el veto a instalar el Abucasis vendría de la falta de la figura de un farmacéutico en Villena ya que «es necesaria para solicitar los tratamientos». Sin embargo, fuentes internas defienden que este escollo «es puramente burocrático» y que habría soluciones como remitir los tratamientos al botiquín de la cárcel más cercana, la de Fontcalent y hacerlos llegar desde allí.
