Aspe ha contratado un técnico valorador de la Ley de Dependencia que permitirá resolver el problema generado por los retrasos en la tramitación de los expedientes. Una situación que ha provocado que muchas personas impedidas fallecieran sin ni siquiera haber sido evaluadas.

Tras casi un año de gestiones el Ayuntamiento de Aspe ha conseguido una subvención de 55.000 euros de la Conselleria para contratar a una persona, de forma permanente, con el fin de desbloquear los más de 90 expedientes de aspenses que siguen pendientes de una resolución.

El alcalde Antonio Puerto mantuvo recientemente una reunión con la directora general de Servicios Sociales y Personas en situación de Dependencia, Mercé Martínez, y el objetivo marcado es llegar a final de 2017 sin que ninguna persona dependiente de Aspe esté sin valorar, lo que permitirá acelerar los trámites para que reciban las ayudas que le pertenecen, «y que no ocurra lo que pasaba con el anterior Gobierno valenciano del PP, que mantenía en espera a dependientes hasta cuatro años para ser valorados», denunció ayer el alcalde de IU.

Por su parte, el concejal de Bienestar Social, Jonatan Molina, ha recordado que en noviembre de 2016 el Ayuntamiento ya asumió con recursos propios el contrato de una valoradora de dependencia durante tres meses. La técnica resolvió 40 expedientes que estaban bloqueados y ahora, con la contratación de forma continua, se pretende seguir avanzando.