Han transcurrido cinco años desde el incendio de La Torre de les Maçanes que se cobró la vida del bombero forestal Emilio Abargues y el agente medioambiental Ernesto Aparicio, sin que de momento se haya concretado si hubo o no responsabilidades. El juzgado, tras haber escuchado en las últimas semanas a los peritos contratados por ambas partes, debe decidir si prosigue la instrucción o la vuelve a archivar.
Es el Juzgado de Primera Instancia e Instrución de San Vicente del Raspeig el que está instruyendo la causa, después de que la Audiencia Provincial ordenara su reapertura al entender que no se habían tenido en cuenta las pruebas solicitadas por los abogados de las víctimas.
Como se recordará, en el proceso fueron imputados inicialmente el jefe del Consorcio de Bomberos, Vicente Baeza; un coordinador de Tragsa, Andrés Vicente Pastor; y un sargento de bomberos, Juan Carlos Calles.
Los abogados de las víctimas han venido responsabilizando durante todo el proceso al coordinador y al sargento, a los que acusan de desobedercer una orden del jefe del Consorcio -que los envió a un cortafuegos situado más allá de donde se registró el suceso- y detenerse a mitad de camino a practicar un contrafuego en un punto peligroso por la pronunciada pendiente y la gran cantidad de vegetación.
Sin embargo, el juzgado llegó a la conclusión de que no concurría la necesaria relación de causalidad entre esta acción y el suceso, por lo que decretó el sobreseimiento. La Audiencia Provincial, en cambio, ordenó la reapertura de la causa para que se valoraran las pruebas de las víctimas.
Así las cosas, en las últimas semanas han comparecido los peritos de ambas partes, cuyos informes, por la información a la que ha tenido acceso este diario, han resultado completamente contradictorios. Los abogados de las víctimas, además, han solicitado que se cite a la compañía aseguradora de Tragsa.
