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Bruselas investiga la norma del Consell que restringe las gasolineras de bajo coste

La Comisión Europea acepta la denuncia de las estaciones automatizadas y pide a España que informe sobre la regulación que obliga a tener personal

La economía colaborativa y las nuevas formas de prestar servicios gracias a la robotización no paran de abrir frentes al Consell, que se enfrenta al reto de regular nuevos modelos de negocio que irrumpen en el mercado y sacuden a las industrias tradicionales. A la ordenación del fenómeno de las viviendas turísticas y las licencias de transporte de viajeros que enfrenta al taxi con las nuevas plataformas digitales se une ahora el modelo de las gasolineras automatizadas, que ofrecen combustible más barato al no necesitar personal.

Y la Generalitat tiene un problema con este fenómeno. La Comisión Europea (CE) acaba de admitir a trámite la denuncia de la patronal española de gasolineras automáticas (Aesae) contra el Reino de España por lo que entiende que es una regulación en varias autonomías, entre ellas la valenciana, que atenta contra la libre competencia. En el caso de la Comunidad, el actual Consell cambió la norma en diciembre de 2015 para que las gasolineras estén obligadas a disponer de una persona responsable «en horario diurno». Durante 2016 y en lo que va de año, la Dirección General de Comercio y Consumo de Natxo Costa está negociando con todo los afectados del sector para definir ese horario. Los empresarios del nuevo modelo de negocio tienen enfrente a las estaciones de servicio tradicionales, sindicatos y también a los discapacitados, que reclaman una atención permanente en las gasolineras.

Las estaciones automáticas han anunciado que recurrirán a la justicia al no estar conformes con la propuesta de Consumo, que impone la atención obligatoria entre las seis de la mañana y las diez de la noche. Pero los discapacitados tampoco están de acuerdo, ya que contempla un régimen de «teleasistencia» de forma excepcional.

Este debate puede quedar en papel mojado si la CE obliga a las autonomías a imponer las medidas liberalizadoras que emanan de la UE. Los empresarios del nuevo modelo de negocio suelen tener a una persona al cargo de estas estaciones, pero reclaman su derecho a operar sin personal.

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