Los casos más graves de absentismo escolar se remiten a la Fiscalía de Menores, una medida que Educación retomó en 2009 por su eficacia a la hora de forzar a las familias a actuar ante el problema. En un amplio porcentaje se alcanza un acuerdo previo pero en caso contrario las multas rondan los 600 euros, y las familias se enfrentan a la posibilidad de perder determinadas ayudas sociales, como la prestación económica individualizada, que gestiona directamente el Ayuntamiento, o la renta garantizada de ciudadanía que concede la Generalitat.
