El Plan General Estructural de Ordenación Urbana ha llegado esta semana al Ayuntamiento de Elda tras meses de estudio y modificaciones por parte del equipo redactor. El documento da un paso más en el diseño del futuro urbanístico de la ciudad. Ahora, los trámites administrativo, que se deben iniciar de nuevo, están a la espera de que los técnicos revisen la documentación y la contrasten con el primer borrador que ya marcó las líneas maestras del urbanismo del municipio.
El boceto del plan, una vez sea revisado por la Concejalía de Urbanismo, seguirá un proceso muy similar al anterior. Primero deberá ser aprobado por el pleno municipal para, más tarde, volver a pasar por un periodo de exposición pública y posible presentación de alegaciones. Una vez ultimado y aprobado el Plan General Estructural se iniciará la aprobación del pormenorizado, que se está redactando y pondrá fin a los trabajos de este ambicioso proyecto, que se inició hace casi una década.
La nueva redacción llega al Ayuntamiento cuatro meses después de que se les informara a los técnicos redactores de los posibles cambios que el plan podría asumir. Después del proceso de participación, reuniones y consultas organizadas por la Concejalía de Urbanismo, Gestión y Renovación Urbana Sostenible, que dirige la concejala de Compromís, Pilar Calpena, se enviaron una serie de propuestas y ahora resta saber si éstas se han incluido.
Entre las proposiciones, que se hicieron hace cuatro meses, destacan la reducción en un 85% del suelo residencial planeado en Agualejas, que alcanzaba el millón de metros.
Además se solicitó el cambio del destino de Centro Comercial en el Campo de Fútbol Pepico Amat. El nuevo equipo de gobierno primó que en esta instalación se mantenga el uso deportivo compartido con zona verde y compatibilidad para algún edificio singular de uso dotacional o actividades polivalentes. Además se desistió de las ampliaciones para suelo industrial en núcleos importantes de viviendas consolidadas.
A la primera redacción del PGOU se presentaron un total de 89 alegaciones -algunas de ellas firmadas por cerca de 100 vecinos- después de cuatro meses de exposición pública, un periodo muy superior a los 45 que estipula la legislación.
El PGOU actual data de 1985 y desde entonces todas las normativas urbanísticas de la ciudad se ciñen a un diseño planteado hace 30 años.
