La Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria ha abierto una investigación para revisar la caza mayor en la Comunidad Valenciana en los últimos cuatro años, un proceso de revisión cuyo objetivo es determinar si empresarios, organizadores y cazadores tributaron convenientemente por una actividad que mueve al año decenas de millones de euros. Con este objetivo, Antifraude ha enviado un requerimiento a la Conselleria de Medio Ambiente para que en el plazo más breve posible le envíe información detallada sobre todas las temporadas de caza que tuvieron lugar entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.
Entre otros datos, le pide que identifique todas las cacerías de caza mayor (monterías, ganchos, etc) que tuvieron lugar en este periodo e identifique a los titulares del coto de caza, los cazadores, las fincas y las reses abatidas. La Generalitat posee las competencias sobre caza y le corresponde la supervisión de toda la actividad cinegética de la Comunidad Valenciana. Así, entre otras cuestiones le compete toda la gestión de la normativa, la autorización de las cacerías, la concesión de licencias, etc, así como toda la normativa que se aplica a la caza.
La misiva, que llegó a la Conselleria de Medio Ambiente que dirige Elena Cebrián el pasado mes de julio, pone el foco sobre todo en el control de la caza mayor en los últimos años del Gobierno del PP, aunque afecta también a los primeros meses del nuevo Ejecutivo de izquierdas. Las competencias de caza están adscritas al departamento de Medio Natural, un área que el reparto entre los socios de Gobierno correspondió a Compromís.
La Generalitat tendrá que ponerse manos a la obra para cumplir con las exigencias de la Agencia Tributaria, dispuesta a comprobar que las rentas producidas por la caza han sido declaradas tal como marca la normativa estatal. La tributación por los eventos relacionados con la caza mayor son principalmente competencia del Estado, si bien también existe una parte autonómica. Es el caso de permisos de caza mayor e ingresos en las zonas de caza pública gestionadas directamente por la Generalitat como las reservas. Al Consell también le compete supervisar todo lo relacionado con los trofeos, premios que, según la res abatida, pueden llegar a valer más de 20.000 euros.
El negocio que mueven las cacerías van más allá de los propias reses, una suerte de donación que recibe el cazador y por la que debe tributar. Las armerías o los empresarios que organizan las cacerías también hacen caja por una actividad privada bajo la supervisión pública que ahora la Agencia Tributaria pone en cuestión. La población objeto de inspección podría afectar entre empresas, cazadores y organizadores a unos 85.000 valencianos. La investigación podría alcanzar por tanto a conocidos empresarios aficionados a la caza, algunos de ellos bajo investigación judicial por supuestos cohechos y tratos y delitos prevaricación. Es el caso del empresario Vicente Huerta, dueño de Avialsa, la adjudicataria del servicio de prevención de incendios en los tiempos del exconseller Serafín Castellano.
El dirigente del PP, que está bajo investigación judicial por estos contratos, participó en cacerías supuestamente organizadas y abonadas por Huerta. También el constructor Taroncher, amigo de Castellano, era aficionado a la caza mayor.
En la Comunidad Valenciana la caza ocupa cerca del 90% del territorio y está distribuida en alrededor de un millar de cotos de caza.
Quebradero de cabeza
La notificación a la Generalitat ha amargado las vacaciones a más de uno en la conselleria. Aunque la Oficina de lucha contra el Fraude no fija un plazo, quiere la información lo antes posible. La Generalitat tiene obligación de colaborar. Se trata de un nuevo quebradero de cabeza para una conselleria en la que la gestión de la caza genera problemas de conciencia a algún responsable político.
