María Dolores Hernández sufrió en 2011 una grave fractura de pierna mientras visitaba el cementerio municipal de Santa Bárbara de Elda durante el Día de Todos los Santos. Introdujo la pierna derecha en una de las conducciones descubiertas de recogida de aguas pluviales que cruzaba una calle peatonal. La caída fue muy violenta y una ambulancia tuvo que trasladarla al hospital y ser operada de urgencia a pesar de tratarse de una intervención muy arriesgada por sus problemas cardíacos.
Permaneció dos meses en silla de ruedas, más de tres de baja y le han quedado secuelas de por vida en la meseta tibial de la pierna derecha. Pero su «pesadilla» no acabo ahí. Ha sido condenada a pagar 6.000 euros en costas judiciales al desestimar un juez el recurso contencioso administrativo que interpuso contra el Ayuntamiento de Elda. Sus funcionarios decidieron acogerse al silencio administrativo en la resolución del expediente de reclamación por responsabilidad patrimonial que la afectada presentó en abril de 2012.
Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Alicante desestimó la demanda de María Dolores Hernández condenándola, además, en costas. En su resolución la jueza tuvo muy en cuenta el testimonio del funcionario responsable del cementerio. Éste, según consta en la sentencia, aseguró que la conducción donde la denunciante se cayó «se encontraba en las debidas condiciones para garantizar la seguridad» y también dijo desconocer si con anterioridad ya se habían producido otros accidentes de similares características. Un testimonio que, según María Dolores Hernández, venía a contradecir lo que los sepultureros le habían manifestado a ella tras el percance. «Me aseguraron que habían dado parte en muchas ocasiones a su superior de caídas semejantes a la mía para que se solucionara el problema. Y cuando la jueza me negó la razón y me impuso los 6.000 euros no me lo podía creer. Después de todo lo que pasé no me podía creer que pudiera estar sufriendo una injusticia tan grande como esa habiendo en el cementerio una trampa mortal como la que había», comentó ayer la denunciante que, no obstante, ha decidido retomar el caso. Ésta vez ha interpuesto una denuncia en el Juzgado de Elda por un presunto delito de falso testimonio contra el encargado del cementerio. Considera, tal y como consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, que «faltó a la verdad a sabiendas, en su testifical, cuando se le preguntó si las caídas eran habituales y contestó que no tenía conocimiento de ello». Ha sido precisamente un artículo de este diario el que le ha llevado a emprender nuevas acciones judiciales. En dicha publicación de finales de octubre el edil del área, Eduardo Vicente, informó sobre la reparación de las zanjas en gran parte del recinto «para evitar las caídas y los tropiezos que se suceden en los días en los que los vecinos de mayor edad se afanan en arreglar los nichos». Por tanto, cuatro años después el litigio sigue abierto.
