30 de junio de 2015
30.06.2015
Elda

Calpena se ofrece a solicitar al TSJ que paralice la demolición de las viviendas de La Jaud

La edil de Urbanismo sólo pide a los afectados por la sentencia que acepten su propuesta de diálogo

29.06.2015 | 23:33

Los afectados por el conflicto urbanístico del PRI de la Jaud de Elda están a favor de una salida dialogada al plan. Esta es la conclusión que la edil de Urbanismo, Pilar Calpena, ha extraído de las reuniones mantenidas la semana pasada dentro del periodo de información pública del PRI, cuyo plazo finaliza mañana. Cabe recordar que a estas reuniones convocadas por el gobierno que forman PSOE y Compromís asistieron, por separado, los propietarios que alegaron en la primera fase de información pública, los que han pedido la ejecución de sentencia y los afectados por la orden de demolición.

Pilar Calpena explicó ayer que en las tres reuniones pudo comprobar el rechazo casi unánime que tiene el PRI actualmente en trámite. «Hay muchas personas que están muy enfadadas por la problemática situación existente que ya dura 20 años, sin tener una ordenación de la zona que respete las implantaciones viejas y sin que, en muchos casos, exista una urbanización adecuada. Además de no tener resuelto el problema social de los afectados por la demolición», indicó.

Así las cosas Calpena ha propuesto una salida dialogada a las partes para que, en primer lugar, se produzca la suspensión de los procedimientos en marcha, tanto los trámites administrativos de aprobación del PRI que realiza el Ayuntamiento, como los trámites judiciales de ejecución de sentencia que se siguen en el TSJ. A continuación, los afectados crearían una comisión para formalizar una ordenación urbanística consensuada, que se adapte a la legalidad y sea coherente con los sectores colindantes.

A priori la alternativa planteada por la edil ha obtenido el visto bueno, si bien la decisión definitiva saldrá de la reunión que va a mantener el grupo de demandantes. En cualquier caso será mañana cuando el Ayuntamiento decida si aprueba el PRI y comienza el proceso de legalización de las viviendas, o lo suspende temporalmente para iniciar una vía de consenso con todos los propietarios. Si esto ocurriera, se pedirá al TSJ la suspensión de la ejecución de la sentencia por el tiempo que duren las conversaciones.

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