Iberdrola ya le cortó en el pasado mes de enero el suministro eléctrico al bloque marginal de viviendas del Sapo de Elda tras detectar 30 conexiones ilegales a la red. Sí 30. Los operarios de mantenimiento de la compañía tuvieron que realizar los trabajos desde el propio centro de transformación que abastecía al edificio, bajo la protección de una quincena de agentes de la Policía Nacional, entre los que se hallaban antidisturbios de la Unidad de Prevención y Reacción de Seguridad Ciudadana de Alicante que finalmente no tuvieron que intervenir. Cabe recordar que el fraude eléctrico está tipificado como delito. Además, las conexiones ilegales a la red conllevan un elevado riesgo para la seguridad de las personas que las realizan y también para terceros, así como para las propias instalaciones ya que se llevan a cabo al margen de la normativa técnica vigente. El hecho de conectarse ilegalmente a la red de distribución puede causar averías en las instalaciones al superarse la capacidad prevista para las mismas, lo que puede suponer un perjuicio para el resto de los usuarios.
