El barrio de El Sapo ya es historia. Las tres últimas familias que vivían en este bloque ruinoso de viviendas han dejado atrás este foco de insalubridad y marginalidad para trasladarse a viviendas sociales en La Almafrá, zona donde ya habían sido realojados el resto de desahuciados de El Sapo.
Estas últimas familias resistían en el bloque, de 44 viviendas, sin luz ni agua, a la espera de poder salir de allí con diez menores a su cargo, circunstancia que ha provocado que la administración autómica haya «acelerado los trámites» para trasladarlos a nuevas viviendas sociales propiedad de la Generalitat.
Fue el pasado miércoles cuando representantes del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) acudieron a El Sapo para proceder al desalojo acompañados por las fuerzas de seguridad, que no tuvieron que intervenir. Las tres familias emprendían así una nueva vida en sus nuevas casas, por las que tendrán que pagar un alquiler social, así como los gastos de comunidad.
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha procedido a tapiar y sellar puertas y ventanas de este bloque de El Sapo para evitar que nadie pueda acceder debido a que el mal estado en el que se encuentra supone un peligro. Aún se desconoce la fecha, pero fuentes municipales aseguraron que en los próximos meses se procederá a su derribo. Además, también se derribarán otras viviendas de la zona, situada en medio de un descampado cercano al tanatorio, porque también se encuentran en estado ruinoso. Cuando entren las máquinas a tirar todas estas casas se pondrá fin a 30 años de historia marcados por la marginalidad en El Sapo.
Las primeras órdenes de desahucio se produjeron en 2008, pero el proceso para acabar con El Sapo se fue dilatando por los problemas surgidos entre el Ivvsa, propietario de los pisos, y el Ayuntamiento para hacerse cargo de los gastos en materia legal y de derribo, que en un principio estaba previsto para 2009. También por la negativa de algunas familias a abandonar sus casas si no les garantizaban otras viviendas sociales.
El último contacto público entre la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, y la alcaldesa, Adela Pedrosa, fue el pasado mes de mayo en Elda. En esta reunión, en la que se trataron principalmente temas de infraestructuras ante la llegada del AVE a la provincia, admitieron haber abordado el problema de El Sapo, pero no trascendió si se había llegado a una solución que por fin se ha producido.
