Los regantes de Aspe no están dispuestos a pagar más por las importantes obras para modernizar el regadío en la zona que arrancaron hace dos años y por las que ya han abonado 290 euros por tahúlla. La Comunidad de Regantes Virgen de las Nieves celebró el pasado día 19 una tensa asamblea a la que acudieron unos 300 socios que se negaron a aprobar las cuentas de 2012, según ha podido saber este periódico. Esta decisión provocó la dimisión en bloque de la junta directiva con su presidente, Antonio García, a la cabeza.
García rechazó ayer realizar declaraciones «porque somos una sociedad privada y no voy a hablar de las cuentas» y declinó confirmar su dimisión con un: «La junta directiva sigue con su trabajo hasta que la asamblea vote a otra». Lo único que explicó fue que se ha vuelto a convocar otra asamblea para el próximo 18 de agosto. No obstante, según varias fuentes, al llegar el momento de aprobar las cuentas los agricultores protestaron y ni siquiera se llegó a llevar a cabo la votación.
La comunidad de regantes agrupa a unos 2.600 agricultores de Aspe, por lo que a pesar de ser una sociedad privada, lo que ocurra en su seno trasciende y afecta de lleno a la localidad.
Sus integrantes están inmersos desde 2011 en una importante obra para modernizar sus sistemas de regadío e instalar el riego por goteo para la uva de mesa, cultivo mayoritario en la zona. Estas obras en las que el Gobierno ha invertido 16 millones tienen otra parte por sufragar que corresponde a la Generalitat, que ha establecido un calendario de pagos, y otra que corre a cargo de los regantes. Los agricultores ya han abonado 290 euros por tahúlla por estas obras, ejecutadas ya al 80% aproximadamente.
El problema llegó, al parecer, cuando la junta directiva informó de que otras obras complementarias relativas al arreglo de los caminos tras la apertura de zanjas para pasar las canalizaciones entre otras cuestiones, obligaban al pago de otros 5,5 millones. Es decir, que cada regante tendría que abonar 220 euros por tahúlla teniendo en cuenta que la superficie agrícola afectada asciende a 2.500 hectáreas. Los agricultores rebatieron que estos gastos no habían sido aprobados por la asamblea por lo que se negaron a aprobar las cuentas de la entidad.
Por otra parte, según las fuentes consultadas, con la situación económica actual restan aún unos 700.000 euros por recaudar del primer pago por las obras de modernización que entienden que serán «muy difíciles de cobrar».
Los comuneros de El Canal votan «no»
La polémica en las asambleas de regantes no se circunscriben a Aspe. Precisamente el pasado sábado, los 200 comuneros que asistieron a la asamblea de El Canal en Elche se negaron a aprobar sus cuentas después de que la nueva junta directiva destapara que había facturas sin pagar desde 2008. Los miembros de la junta ilicitana de El Canal, que configura una de las comunidades con más peso en Riegos de Levante, integrada por 6.483 personas, explicaron que los más de 2 millones de euros sin pagar corresponden las facturas de las obras de modernización de El Canal secundario adjudicadas a la empresa Seiasa, sociedad estatal de infraestructuras agrarias, por valor de 1.218.000 euros. Y en un gesto sin precedentes, los regantes se negaron a aceptarlo en una situación similar a la vivida en Aspe.
El nuevo presidente de El Canal, Javier Berenguer, explicó que «claramente no se han aprobado las cuentas que pertenecen a la anterior junta directiva porque están mal, son erróneas». Además, aludió a la existencia de facturas sin registrar con anterioridad de 470.000 euros de entre 2008 y 2011 sobre gastos de personal de ventas y mantenimiento. El expresidente de la comunidad, Manuel Serrano, defendió del trabajo que ha hecho su equipo durante los últimos 20 años.
