La defensa de la industria del mármol, el principal motor de la economía del Alto y Medio Vinalopó junto al sector calzado, ha llegado a la Unión Europea con el objetivo de establecer medidas legales que limiten la exportación de la piedra en bruto e impongan unos cupos mínimos de elaboración propia en origen. En Novelda, Monforte del Cid, La Romana, Monóvar, Pinoso y Algueña, municipios que integran en el denominado Corredor del Mármol, genera cada vez mayor preocupación el importante incremento que está experimentando la exportación de la piedra natural en bruto procedente de las canteras de la comarca. Se da la paradoja de que los bloques de mármol que se extraen del Monte Coto, por ejemplo, se envían a países asiáticos para ser cortados y pulidos -China es uno de los principales destinos- y posteriormente son importados de nuevo para venderse en España y otros países occidentales por debajo de su coste.

Para evitar que este fenómeno vaya a más y evitar, con ello, la pérdida de empleo y el continuo cierre de pymes del sector, el grupo parlamentario socialista de la Eurocámara ha comenzado a realizar las primeras iniciativas a requerimiento de la dirección provincial del partido, que también cuenta con el respaldo de la patronal.

Juan Andrés Perelló es el europarlamentario que está al frente de esta campaña en Bruselas. Además de establecer los primeros contactos esta misma semana con los órganos de gobierno de la UE, tiene previsto recabar en los próximos días las adhesiones de Italia y Grecia, países que podrían encontrarse en la actualidad con una problemática parecida a la de España.

La importancia de desbloquear la apertura de canteras

Los numerosos obstáculos legales y los largos procesos administrativos con los que se encuentran los empresarios del mármol a la hora de abrir nuevas canteras constituyen un problema histórico. Un lastre que se remonta dos décadas atrás y al que el Gobierno valenciano ha querido dar una solución reciente. Fue en enero pasado cuando el Consell aprobó, en sesión plenaria, el proyecto de Decreto de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo por el que se establecen medidas de agilización de procedimientos administrativos en materia de minería. Pero no basta con ello. También es necesario modificar la Ley Estatal de Minas y ese paso todavía no se ha dado. Y mientras los pequeños productores no tengan un "fácil" acceso a la materia prima no podrán competir y, por tanto, se seguirán cerrando empresas.