La situación es límite para las asociaciones de discapacitados de la comarca. Los impagos por parte de la Generalitat Valenciana han provocado que muchos centros no puedan llevar a cabo actividades educativas, sociales ni laborales para los discapacitados. Las nóminas de los trabajadores se retrasan y la calidad de los usuarios se resiente mientras los proveedores esperan impacientes para saldar sus deudas. Un reflejo de ello es el centro Asprodis de Elda donde sus 103 empleados llevan más de tres meses sin cobrar, superando más de un millón la deuda de la Generalitat con el centro eldense. Por este motivo, y junto a la patronal, que ha creado una mesa de discapacidad con miembros de todas las asociaciones de la Comunidad Valenciana, se han movilizado para reclamar el pago. En Elda los empleados, familiares y usuarios, alrededor de 200 personas, se han encerrado en las instalaciones. Y en Villena, desde el jueves y hasta las diez de la mañana de hoy, trabajadores, usuarios y familiares de Apadis han mantenido un encierro en el centro de atención temprana que gestiona la asociación en al avenida Paco Arévalo de Villena. Tal y como indicó el presidente Luciano Martínez, los trabajadores de Apadis llevan tres meses sin cobrar, "pero lo que más nos preocupa es la falta de información sobre el futuro de nuestros centros, ya que las distintas Consellerias no dan fecha de posibles pagos". Mostró el total apoyo de los padres a las demandas de los trabajadores, "y pedimos a las Consellerias de Bienestar Social, Educación y Hacienda respeto a la dignidad y el derecho de la atención a las personas con discapacidad intelectual, ya que si no pagan la situación es insostenible". Además, los colectivos realizarán el próximo 11 de octubre una concentración junto a las Cortes Valencianas y después una asamblea en la plaza de la Virgen. También los 40 usuarios, familiares y profesores del Centro de Día El Puente de Aspe se han encerrado en sus instalaciones por solidaridad con las asociaciones más perjudicadas y en previsión de que también puedan verse afectados por los recortes. A la Asociación Pro Personas con Discapacidad de Aspe le debe la Conselleria de Empleo y Formación 40.000 euros de 2011 y, en estos momentos, tiene pendientes los 200.000 euros correspondientes al segundo pago del actual ejercicio por parte de Bienestar Social.
