El Ayuntamiento de Elda se muestra inflexible en su decisión de exigir a los vendedores que instalan sus puestos en el mercadillo popular de Santa Bárbara que paguen hasta el último euro de lo que deben antes del próximo 3 de septiembre. Deudas que afectan a casi un centenar de vendedores ambulantes y que, según informó ayer la concejala de Comercio y Mercados, se sitúan en torno a los 300.000 euros, superando en algunos casos concretos los 2.000 euros y remontándose cuatro años atrás con más de una decena de recibos pendientes de liquidar.

Una situación que ha llevado al departamento municipal de Tesorería a enviar circulares informativas a todos ellos para advertirles de que, en caso de incumplimiento en el pago de las tasas del mercadillo, el Ayuntamiento "procederá a revocar la autorización y al levantamiento del puesto con la consiguiente multa". Una sanción que, en virtud de la ordenanza municipal de venta ambulante, será de hasta 15.000 euros si el impago se mantiene durante tres meses. Sin embargo ayer la edil del área, Pilar Fernández, descartó esta posibilidad asegurando que no se impondrán multas, pero sí anunció que se pondrán todos los medios para evitar que los comerciantes con cuentas pendientes puedan instalar puestos en el mercadillo los martes y sábados.

"Llevamos año y medio detrás de ellos, con reuniones y más reuniones, pero han pasado olímpicamente de ponerse al día porque lo que están demostrando es no tener ninguna voluntad de pagar. Pero esto ya no tiene marcha atrás, tenemos que aplicar el nuevo decreto de la Comunidad Valenciana que regula esta actividad antes de octubre y no estamos dispuestos a dejarlo todo para el final y que haya un caos", indicó ayer la responsable municipal de Mercados añadiendo que en el Ayuntamiento hay lista de espera de solicitantes de puestos. Respecto a los precios estipulados en la ordenanza fiscal de la tasa del mercadillo, la popular Pilar Fernández ha querido precisar que por cada puesto se paga un máximo de 252 euros al trimestre. "No son 450 euros como dicen ellos y es, además, el mismo precio de hace cinco años porque está congelado", subrayó la edil enfatizando en que "estamos hablando de 84 euros al mes".

Los vendedores, por su parte, mantuvieron una reunión en la noche del miércoles. Analizaron la situación, unificaron posturas y también acordaron buscar asesoramiento legal. Insisten en que no se niegan a saldar sus deudas pero necesitan que se "fraccionen, aplacen o paralicen" los pagos porque la crisis ha diezmado sus ingresos por la drástica caída de las ventas. La próxima semana volverán a mantener otro encuentro y del resultado del mismo darán cumplida información al equipo de gobierno popular de Elda.

Pilar Fernández: "En otros pueblos sí pagan pero en el suyo no"

Los vendedores han apelado a su condición de ser "hijos del pueblo" y tener tras de sí "700 bocas que alimentar" para pedir una moratoria en los pagos al Ayuntamiento. Sin embargo ayer la concejala del área les respondió que "por ser precisamente hijos del pueblo deberían tener un mayor sentido de la responsabilidad y pagar por el bien de la ciudad en la que han nacido. Porque nos consta, además, que en otros pueblos donde instalan sus puestos sí que están pagando pero aquí no y eso no está nada bien". Dice Pilar Fernández que le han molestado mucho "las verdades a medias que han dicho" y que ahora ya no quieran hablar con ella "cuando siempre los he recibido y en mayo tuvimos la última reunión". A pesar de ello ha vuelto a ponerse a disposición de los afectados pero insiste en que la única solución a este problema es que paguen lo que deben. De hecho, en la circular que se les ha enviado se advierte de que los aplazamientos o fraccionamientos de las deudas que puedan solicitarse siguen siendo deuda pendiente. "Lo que debemos hay que pagarlo -subrayaba por último Pilar Fernández- porque en caso contrario se crea un agravio comparativo con todos aquellos vendedores del mercadillo o comerciantes del municipio que cumplen con sus obligaciones tributarias". Los afectados no quieren que sea Suma la que les tramité los recibos pero la edil considera que es el mejor sistema dado que es ilegal que un funcionario vaya cobrando por los puestos como ocurría antes.