El Ayuntamiento de Elda ha dado un ultimátum a los vendedores del mercadillo popular de Santa Bárbara para que paguen antes del próximo mes todas las deudas que tienen pendientes por instalar sus puestos. Con tal fin, desde el departamento municipal de Tesorería, se ha enviado una circular informativa advirtiendo, a quienes mantienen impagos superiores a los tres meses, que se les va a imponer multas de hasta 15.000 euros, además de proceder al levantamiento del puesto y la revocación de la autorización para volver a instalarlo. Una medida que viene contemplada en los artículos 30-g y 31-c de la ordenanza municipal de venta ambulante al considerar este tipo de hechos como una falta muy grave.

Pero en la circular que han firmado las responsables de las concejalías de Hacienda y Comercio y Mercados, Virginia Romero y Pilar Fernández respectivamente, también se hace mención al artículo 6-g de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del mercadillo. En virtud de este tributo, que grava la utilización privativa o el aprovechamiento especial de las vías públicas o terrenos de uso público, se establece que quienes acumulen dos trimestres sin pagar perderán todo derecho y serán desalojados del puesto como consecuencia del impago. Y hay más. En la nota informativa enviada a los cerca de cien vendedores ambulantes con cuentas pendientes de liquidar también se hace referencia al artículo 7.1-d del Decreto 65/2012 que regula la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana. A través del mismo se establece, como requisito para poder desarrollar este tipo de actividad comercial, estar al corriente de las obligaciones tributarias locales y, en especial, no mantener deuda alguna con la Hacienda Municipal por la prestación de servicios de mercado o por la imposición de sanciones.

El centenar de afectados por la medida reside en Elda y se dedican fundamentalmente a la venta de ropa, calzado, bolsos y complementos del hogar en el mercadillo que se instala en la calle Santa Bárbara todos los martes y sábados del año. Ahora tienen tres semanas de plazo para ponerse al día con sus pagos pendientes porque desde el equipo de gobierno popular se les ha dado la "fecha tope" del lunes 3 de septiembre. "Si transcurrida dicha fecha -se dice textualmente en la carta que se les envió el pasado mes- no se hubieran cancelado las deudas se procederá a revocar la autorización y al levantamiento del puesto con la consiguiente multa".

Varios de los deudores comentaron ayer a este diario que, por término medio, vienen pagando al Ayuntamiento 450 euros cada tres meses. Una cantidad que varía en función de la mayor o menor superficie que ocupe el puesto en la calle. Aseguran que la crisis también les ha hecho a ellos mucho daño y sus ingresos han caído drásticamente a la par que sus ventas. "De nuestro trabajo depende el sustento de todas nuestras familias y estamos hablando de 700 personas. Nosotros no nos negamos a pagar pero en estos momentos no podemos por la mala situación que hay. Así que lo único que pedimos es llegar a algún tipo de acuerdo para aplazar o fraccionar los pagos porque hay quien debe hasta 2.000 euros y estamos con la soga al cuello", comentó ayer tarde el portavoz del colectivo.

Este diario también intentó recabar la opinión de la edil de Comercio pero resultó imposible.