La residencia de ancianos Nuestra Señora de las Nieves de Aspe donde trabajan 30 personas, viven 62 ancianos y gestiona un Patronato de carácter benéfico va a ser subastada por la Agencia Tributaria para hacer frente a una deuda de 90.000 euros por el impago de impuestos. La valoración del inmueble y del céntrico solar urbano de 1.920 metros cuadrados donde se halla el emblemático edificio construido en 1915 se ha fijado, por tasación, en 1.222.282 euros.

Los interesados en participar en la subasta para hacerse con la propiedad del asilo, puja que tendrá lugar -si nadie lo remedia- el próximo 30 de mayo a las 10.15 horas en el salón de actos de la Agencia Tributaria de Alicante, deberán depositar previamente una fianza del 20% de la tasación, en este caso 244.456 euros, y estarán obligados a subir la puja en tramos de 2.000 euros. Es decir, si uno de los participantes ofrece 100.000 euros el siguiente tiene que ofrecer, como mínimo, 102.000 euros y así de forma sucesiva hasta que el bien sea adjudicado al mejor postor.

El Asilo de Aspe se enfrenta ahora a un futuro incierto en el que caben varias posibilidades. La subasta podría quedar desierta por incomparecencia de posibles interesados. En tal caso la Agencia Tributaria tendría la facultad de volver a sacar el lote a subasta o bien adjudicárselo, opción ésta última poco probable.

En cualquier caso, cuando en enero pasado se conoció el alcance real de los problemas económicos que arrastraba el geriátrico, desde el propio Ayuntamiento -gobernado actualmente por PSOE y EU- se adquirió el firme compromiso de evitar que la Residencia de Ancianos Virgen de las Nieves cerrase sus puertas dejando en la calle a sus 62 usuarios, destruyendo 30 puestos de trabajo y acabando con un servicio de atención a los mayores que comenzó a prestarse de forma benéfica hace un siglo.

Los responsables municipales ya avanzaron entonces que la deuda de cuatro millones y medio de euros que el centro arrastra desde hace varios años, el impago de seis meses de salarios a la plantilla y los primeros embargos sufridos por parte de la Seguridad Social, Hacienda y varios proveedores -la lavadora y la secadora entre ellos- suponían un serio obstáculo para "reflotar" un geriátrico en quiebra, de cuya gestión se ha venido haciendo cargo un Patronato sin ánimo de lucro a cuyo frente se hallaba el presidente Rafael Antón. Pero éste dimitió el pasado 31 de enero. Compareció junto al alcalde, el socialista Manuel Díez, y el auditor de cuentas contratado por el Ayuntamiento, Manuel Herrero, y admitió haberse visto completamente desbordado por una deuda insostenible que Antón achacó a la falta de liquidez por el retraso en el pago de las subvenciones de la Conselleria de Bienestar Social, a la ambiciosa reforma acometida en las instalaciones en el año 2003 y a las bajas cuotas que pagan los residentes y que se situaban, por término medio, en unos 300 euros.

Consumada la dimisión del responsable de la crítica situación en la que ahora se debate el geriátrico, lo primero que hizo el gobierno local fue presentar un concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos- en los Juzgados de Novelda para evitar el cierre del centro, al tiempo que asumía el pago de los artículos de primera necesidad de los residentes y arbitraba medidas tendentes a liquidar las deudas pendientes con los trabajadores que superaban, en muchos casos, los 5.000 euros. También se constituyó una nueva junta directiva para el Patronato con representación de los tres partidos -PSOE, EU y PP- y de diversos colectivos sociales. Pero ninguno de ellos podía imaginarse que el histórico edificio terminaría siendo subastado para saldar una deuda de 90.000 euros, tal y como consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario.