La asociación Mármol de Alicante e Iberdrola firmaron ayer en Novelda la renovación del convenio para el suministro de productos y servicios energéticos con condiciones preferentes de contratación, después de la compañía presentase la mejor oferta entre las que han participado en las distintas negociaciones. Este convenio se renueva por undécima vez.

El acuerdo pondrá a disposición de los más de 80 miembros de Mármol de Alicante los suministros de electricidad con un tratamiento comercial diferencial y en las mejores condiciones técnicamente posibles. El convenio suscrito también contempla la posibilidad de que las empresas contraten, con ventajas, soluciones integrales asociadas a productos energéticos. Se analizará de forma conjunta las áreas energética y comercial entre ambas entidades para desarrollar nuevas parcelas de colaboración. Para ello, Iberdrola y Mármol de Alicante colaborarán en proyectos encaminados a mejorar el conocimiento de las necesidades energéticas del sector.

La compañía eléctrica informará las empresas que lo soliciten las modificaciones que deberán realizar en sus instalaciones para protegerlas ante posibles incidencias, tras un estudio pormenorizado de las mismas. También se tendrán en cuenta las características de cada punto de suministro para conocer las necesidades de cada asociado y la potencia que más le interese contratar.

Cisma en 2008

El entendimiento entre el gigante eléctrico y la patronal marmolera no ha sido siempre así. En julio 2008, en pleno asentamiento de la crisis del sector, Mármol de Alicante anunciaba la ruptura del convenio después de que Iberdrola pretendiese elevar la factura un 50 por ciento; una situación que el entonces presidente, Mariano de Juan, calificaba de insostenible para la gran mayoría de empresas, por lo que se contemplaba contratar los servicios de un gestor que negocie con otras compañías eléctricas un nuevo convenio.

Dos meses después, y ante la falta de ofertas que mejorasen lo ofrecido por Iberdrola, ambas partes pactaron una prórroga con una subida del 35 por ciento, hecho que no mejoraba la situación precaria de algunas mercantiles pero que aseguraba despejar el peligro de cierres. No todas se acogieron a la medida y comenzaron a negociar sus tarifas en el mercado libre.