La empresa a la que el Ayuntamiento de Novelda adjudicó en la pasada legislatura -con el PP en el gobierno municipal- la construcción y gestión del centro deportivo Salud y Agua ha presentado un concurso de acreedores -figura jurídica antes denominada suspensión de pagos- en el Juzgado Mercantil Número 2 de Valencia, que es la demarcación judicial que le corresponde a la firma por la ubicación de su razón social.

El centro Salud y Agua se inauguró en febrero de 2008 -ya con el gobierno de PSOE-Compromís en el Ayuntamiento de Novelda- y estuvo funcionando sin que la sociedad adjudicataria hubiera cumplido con todas las condiciones del contrato hasta que, tras las vacaciones del pasado mes de agosto, ya no abrió sus puertas. Sin embargo, la nueva situación legal sobrevenida por los problemas económicos que arrastraba la concesionaria Csad Novelda S.L., al no alcanzar las estimaciones de negocio previstas, deja en el aire el futuro de una instalación privada dotada de una piscina cubierta de 25 metros de longitud, zona de spa, gimnasio, sala de spinning y pistas exteriores polideportivas y de pádel. Un amplio complejo recreativo sobre una parcela de 11.551 metros cuadrados propiedad municipal en la calle Poeta Ausías March, que contaba además con más de 200 socios -casi todos de Novelda y muchos de ellos con recibos pagados de forma anticipada- y disponía de una plantilla de unos veinte trabajadores entre puestos directos e indirectos.

En su construcción la mercantil invirtió más de seis millones de euros a cambio de 30 años de explotación, y también ingresó en las arcas municipales un canon anticipado de 900.000 euros a cambio de que el Consistorio le abonara 80.000 euros anuales por prestar servicio gratuito o de bajo precio a determinados colectivos de la ciudad. Sin embargo, el equipo de gobierno nunca cumplió este último compromiso para forzar precisamente a la empresa a realizar en el exterior del complejo las pistas polideportivas y de pádel que figuraban en el acuerdo inicial y que, paradójicamente, la adjudicataria terminó de construir medio año antes de verse abocada al cierre. "Una circunstancia que también pudo haber acelerado el fracaso de una empresa que -según destacaba ayer el responsable comarcal de UPyD y alcaldable por Novelda Armando Esteve- entró en funcionamiento de forma precipitada, con el interesado consentimiento del actual gobierno local, y tuvo que enfrentarse a la imposible misión de tener que amortizar los seis millones de euros gastados en la obra a través de las cuotas potenciales de los usuarios de una ciudad con 27.000 habitantes". Pero el problema también lo tiene ahora la caja de ahorros gallega con la que la adjudicataria hipotecó por dos ocasiones la fallida operación.

UPyD pide la reapertura y Ramón Martínez denuncia la pasividad

El candidato a la Alcaldía de Novelda por UPyD, Armando Esteve, exige al Ayuntamiento que busque soluciones reales para reabrir el centro deportivo y restablecer el servicio lo antes posible. En su opinión es necesario y urgente que la cesión del valioso solar municipal a esta empresa adjudicataria, "ahora, por cierto, desaparecida", empiece a producir beneficios palpables para los ciudadanos de Novelda. "No nos engañemos más, el agujero lo taparemos entre todos. La caja de ahorros con la que la mercantil contrató la hipoteca tendrá que asumir su error y recuperar sólo una parte del préstamo. Pero no podemos dejar que el desinterés del equipo de gobierno conduzca al abandono y a la pérdida de las instalaciones", subraya Esteve para quien también es esencial apoyar a los cientos de usuarios del centro deportivo, "muchos de los cuales se sienten ahora estafados porque unos meses antes del cierre "picaron" al haber pagado anticipadamente el servicio". Un argumento que también comparte el concejal popular Ramón Martínez, que ha revelado al respecto que muchos de ellos llegaron a entregar hasta 395 euros. A él lo que más le sorprende de todo este asunto "es la absoluta pasividad que el Ayuntamiento ha demostrado desde que en 2008 la empresa inició su actividad sin que las obras se ajustaran al proyecto aprobado, y sin que se dispusiera de la certificación de final de obra debidamente firmada por los técnicos responsables". Precisamente Ramón Martínez ha sido el representante municipal que más veces ha denunciado la "situación irregular sin que nadie hiciera nada".