La tormenta política desatada en Villena por el presunto caso de corrupción urbanística, tras hallar la Fiscalía de la Audiencia Provincial indicios de delito imputables a la alcaldesa Celia Lledó y dos de sus concejales, mantiene en vilo a los ciudadanos, por las consecuencias que puede acarrear al gobierno municipal. Los cinco concejales no adscritos declararon ayer que "presentamos una amplia documentación hace meses en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, y es la Fiscalía quien ha presentado una denuncia. Nosotros no hemos denunciado nada, es la fiscal quien considera que hay indicios de prevaricación y tráfico de influencias". Para el concejal Juan Carlos Pedrosa, "se trata de un presunto caso de pelotazo urbanístico, de millones de euros, sin precedentes en nuestra ciudad". Para los no adscritos, Celia Lledó, los concejales María José Hernández y Jesús Martínez, y el tío de la alcaldesa, han sido "los que han urdido esta trama corrupta y presuntamente intentan lucrarse a toda costa de la ciudadanía de Villena". "No estábamos dispuestos a colaborar o ser cómplices por omisión de estos presuntos ladrones de guante blanco", afirmó Pedrosa. Los concejales no adscritos pidieron a la alcaldesa que "dimita y se marche a su casa"
Para el PP, en declaraciones del concejal José Joaquín Valiente, lo ocurrido es "un paso más de la deriva de estos cinco señores -en referencia los concejales no adscritos-, buscando el acoso y derribo de la alcaldesa. Lo único que pretenden es desgastar más al equipo de gobierno y esto se sobreseerá en los tribunales y, lógicamente, ellos tendrán que responder por las denuncias falsas que han realizado".
Desde el PSOE, el concejal Carlos Beltrán decía ayer que "no ha sido una sorpresa porque de todo el desarrollo del expediente de la segregación de los terrenos se podían deducir determinados indicios. La última palabra la tiene el juzgado de instrucción. No es agradable que el Ayuntamiento de Villena salga una vez mas en los medios por una situación anómala. Un cargo público debe siempre informar de cuáles son los intereses que pueden entrar en conflicto cuando se va a tomar una decisión".
Antecedentes
La decisión de la Fiscalía de remitir toda la documentación a los Juzgados de Villena, que deberán determinar si se ha incurrido o no en prevaricación, saca a la luz un turbio asunto que ha sido investigado por Los Verdes y por los ediles no adscritos. El caso se remonta a la Junta de Gobierno del 10 de marzo de 2008, cuando el tío de la alcaldesa solicita la licencia de segregación y posterior agrupación de varias parcelas de terreno en la huerta, en una zona donde en el futuro se ubicarán proyectos importantes como el nodo logístico, el parque empresarial y la estación del AVE. La Junta de Gobierno lo aprueba a pesar de que hay tres informes de técnicos en contra. Comienza entonces la investigación del caso por parte de Los Verdes, posteriormente retomada por los ediles no adscritos.
