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La Fiscalía de la Audiencia de Alicante ha observado "indicios de actividad delictiva imputables" a la alcaldesa de Villena, Celia Lledó (PP), a un familiar de ésta y a dos ediles de Urbanismo, a raíz de una denuncia presentada por los cinco ediles que abandonaron las filas populares hace seis meses.
El Ministerio Público, según recoge en su escrito remitido por estos cinco concejales, procede remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción de Villena "a los efectos de depurar las posibles responsabilidades penales".
El fiscal, según sostiene en su escrito, "que en ningún momento prejuzga", considera que, del relato de los hechos denunciados por los cinco ediles no adscritos, "existen indicios de actividad delictiva imputables" a la alcaldesa, a un familiar de ésta y a dos concejales.
La denuncia fue presentada en mayo de 2010 por los cinco ediles que el pasado mes de enero abandonaron el grupo popular para ser concejales no adscritos: Adela Serra, Juan Carlos Pedrosa, Juan Francisco Richart, Virtudes Amorós y Mari Paz Poveda.
Según expusieron ante la Fiscalía, un familiar de la alcaldesa solicitó al consistorio licencia de segregación y posterior agrupación de determinadas parcelas, hecho que fue debatido en una Junta de Gobierno celebrada en marzo de 2008 a la que no asistió la alcaldesa, Celia Lledó.
En las diligencias de investigación penal, el fiscal determina que los terrenos afectados "tenían la consideración de suelo no urbanizable común y suelo no urbanizables de protección especial", y que el citado familiar elevó la solicitud cuando aún no era propietario de los mismos.
"A pesar de todo -añade el Ministerio Público-, se tramitó el expediente y se autorizó la solicitud", aun cuando existían tres informes desfavorables de la segregación por parte de técnicos municipales.
Tanto el edil de Urbanismo Industrial, Jesús Martínez, como la responsable de la Concejalía de Urbanismo Residencial, María José Hernández, manifestaron en la citada Junta de Gobierno, en la que el resto de concejales desconocía la relación de parentesco entre la alcaldesa y el solicitante, que "se trataba simplemente de dividir una finca pequeña para agregarla a una grande".
Finalmente, se concedió la licencia al peticionario, quien adquirió un mes después unas fincas que habían sido segregadas y las unió a otra pequeña de su propiedad en la misma zona, según refleja el escrito del fiscal.
En septiembre de 2008, y ante la disconformidad a dicha licencia por parte del grupo político Los Verdes, la alcaldesa votó a favor del otorgamiento de la licencia cuando "lo lógico hubiera sido su abstención".
"En el trasfondo de todo este asunto está el hecho de que, con fecha de 5 de marzo de 2008, la alcaldesa había firmado un convenio para el desarrollo de una plataforma logística y de un parque empresarial que, junto con la estación del AVE, suponía necesariamente una recalificación del suelo", añade el fiscal.
En este sentido, desgrana que en estos terrenos radican los del familiar, quien en junio de 2007 ya había entregado a cuenta de la compraventa futura la cantidad de 10.000 euros.
"Evidentemente, el familiar de la alcaldesa disponía de información privilegiada", sostiene el Ministerio Fiscal.
