Esquerra Unida de Monóvar ha denunciado que la antena de telefonía móvil, situada en la calle Exconvent, junto al mercado central, continúa emitiendo a pesar de las declaraciones públicas en las que se afirma todo lo contrario, declaraciones efectuadas por parte del equipo de gobierno municipal de Monóvar, el tripartito compuesto por PP, Gimv y Bloc.

El colectivo local de Esquerra Unida señala en su denuncia que "hace unos ocho años empezaron los vecinos a exponer, de forma verbal, su preocupación a varios concejales sobre la presencia de esta antena de telefonía móvil en pleno casco urbano. La primera queja por escrito se presentó en el registro municipal en 2006. Un año más tarde se admitió a trámite y en 2008 el equipo de gobierno municipal indicó que, tras la retirada de un módulo de la citada antena, la intensidad de las emisiones se había reducido al 50 por ciento. Al año siguiente, en 2009, se aseguró que las emisiones ya se habían eliminado en su totalidad. Un extremo que ahora ha descartado Esquerra Unida tras las recientes mediciones llevadas a cabo por los expertos de Ecologistas en Acción.

Persiste la preocupación

La actual situación de la antena, según Esquerra Unida, es que la preocupación de los vecinos continúa ya que no se ha retirado y la actividad persiste. De hecho, unas mediciones de campos electromagnéticos realizadas recientemente por el grupo Ecologistas en Acción han demostrado que "el medidor iba marcando niveles cada vez mayores conforme nos acercábamos al edificio que acoge la antena".

Por otra parte en la denuncia de EU se pone de manifiesto que, "además de los altos niveles, las ondas irradian directamente a los edificios más cercanos y que a partir del tercer piso la torre de la antena se encuentra a la misma altura que los balcones, con un impacto visual bastante desagradable".

Una solución firme

Esquerra Unida pide al Ayuntamiento que "no demore más este asunto y le dé una solución firme y responsable. Si la antena, como la de la calle Exconvent, está a menos de 100 metros, como axial lo dice la legislación vigente, deberá clausurarse en el plazo máximo de seis meses. Si pasados esos seis meses no se ha presentado el programa de desarrollo por parte del titular o responsable, se procederá a la retirada inmediata de la instalación, mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria. Esta disposición da plenos poderes al Ayuntamiento para ejecutar la retirada.