El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha infringido un severo correctivo al Ayuntamiento de Elda por permitir que las obras de urbanización y edificación del Sector 9 continúen a pesar de que un auto del mismo tribunal ratificó, hace tan sólo dos meses, la suspensión cautelar de este controvertido plan parcial. Ayer la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ notificó a las partes del litigio una resolución en la que ordena al equipo de gobierno popular a "la inmediata paralización de las obras en cumplimiento del auto de suspensión dictado". En la providencia, contra la que el Ayuntamiento puede recurrir en un plazo de cinco días, se indica que "es obvio que las resoluciones judiciales no pueden ser ignoradas por la administración municipal y obligan a todos".
Esta medida, que puede prolongarse hasta que en marzo se emita la sentencia, impide seguir con los trabajos para crear calles y dotar de servicios a la principal zona de expansión urbana de Elda pero también bloquea la construcción de las 1.000 viviendas de protección oficial programadas, muchas de las cuales se encuentran en una fase muy avanzada e incluso vendidas.
Como se sabe, fue la promotora Gydos la que solicitó al TSJ la suspensión del Sector 9, que fue aprobado por la Conselleria de Territorio y Vivienda en junio de 2005. Con anterioridad Gydos presentó un proyecto para urbanizar la zona pero finalmente el Ayuntamiento, gobernado entonces por un PSOE en minoría, decidió adjudicar la actuación a los propietarios del suelo constituidos en una Agrupación de Interés Urbanístico. Las obras de urbanización comenzaron en agosto de 2007 pero los pronunciamientos judiciales siempre le han dado la razón a Gydos al entender que existen "ilegalidades". La vulneración del Plan sobre Prevención de Riesgo de Inundabilidad de la Comunidad Valenciana y la falta de autorización de la CHJ garantizando el suministro de agua son las principales.
A pesar de ello el Ayuntamiento ha permitido que las obras continuasen para no estrangular el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, tras esta última resolución del TSJ, el equipo de gobierno que dirige Adela Pedrosa podría cambiar de criterio. En caso contrario el artículo 112 de la Ley de Jurisdicción establece "la imposición de multas coercitivas de 150 a 1.502 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o la sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar". En virtud del mismo artículo y según ha explicado el gabinete jurídico de Gydos, también se podrían exigir responsabilidades penales a la alcaldesa por desobediencia a los mandatos judiciales.
La tranquilidad del equipo de gobierno del PP
El concejal popular Francisco Muñoz señalaba en julio, tras recurrir el primer auto del TSJ que suspendía cautelarmente la ejecución del Sector 9, que en el peor de los casos una sentencia contraria "no va a hacer que la tierra de este plan parcial desaparezca, por lo que el Ayuntamiento siempre tendrá la posibilidad de redefinir la zona". Así lo indicó en rueda de prensa al tiempo que transmitía tranquilidad a los afectados, en este caso constructoras, promotoras, propietarios de terrenos y de pisos. "Esta actuación -comentó entonces- sigue su curso con normalidad y en esta cuestión todos los grupos políticos vamos a apoyar y a defender a la gran cantidad de ciudadanos que han comprado sus viviendas en la zona". Un mensaje que no parece haber generado mucha confianza entre los eldenses. De hecho, varios constructores reconocían semanas atrás que la incertidumbre jurídica que se ha creado en torno al Sector 9 les ha hecho perder muchos clientes.
